La rotación anual del personal de los ministerios públicos, la reubicación de unas oficinas de una zona residencial y la instalación de más módulos de Denuncia Express, son parte de los cambios que implementará la PGJEM en las próximas semanas.

Durante una reunión con representantes vecinales de Naucalpan a la que convocaron diputados locales y federales del municipio, el procurador de Justicia mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes, informó también que se remodelará el Centro de Justicia de esta localidad, con un presupuesto de siete millones de pesos.

Uno de los proyectos que anunció Castillo ante vecinos y legisladores fue la creación de un área de denuncia anónima, a través de la cual los vecinos tengan la posibilidad de presentar datos sobre casas de seguridad, de citas, zonas de robo de vehículos o donde se esconden grupos delictivos.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) refirió que la intención de este nuevo proyecto es que se denuncia a través de correo electrónico y que sea una organización civil la encargada de recibir y canalizar esa información.

“Si esta información nos llega con nombre y apellido, entendemos que a ustedes les puede preocupar que mañana se use esa información; estamos buscando que nos sea un vehículo directo entre el ciudadano y la autoridad, sino que sea un intermediario quien nos esté dando la información”, destacó.

Sin embargo las inquietudes de los vecinos que acudieron al auditorio del Palacio Municipal se centraron en la profesionalización de los elementos de la Policía Judicial mexiquense y al desempeño en general del personal de la Procuraduría de Justicia estatal.

Al respecto, Castillo Cervantes indicó que el promedio de los integrantes de la Policía Ministerial tienen entre 43 y 44 años de edad y de 10 a 15 años de experiencia, pero acompañada de vicios en su desempeño laboral.

Indicó que un incremento de salarios al 100 por ciento, para muchos integrantes de la Policía Ministerial no sería suficiente, ya que obtienen mayores recursos a través de prácticas de corrupción.

Asimismo, el funcionario estatal defendió la actuación de la PGJEM, al señalar que la prevención del delito es facultad de las corporaciones de seguridad municipales o del estado, y que en ocasiones la liberación de presuntos delincuentes es responsabilidad del Tribunal de Justicia.