El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, admitió a trámite las demandas que promovieron los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Convergencia y del Trabajo en contra de las reformas aprobadas en el estado de México y que prohíben las candidaturas comunes.

Como primera medida, el ministro Cossío emplazó al Congreso local del estado de México y al gobernador Enrique Peña Nieto a que respondan a la demanda en su carácter de demandados, por aprobar y publicar la reforma en cuestión.

Se prevé que el ministro Cossío cumpla con el plazo de 30 días que tiene para sacar adelante este juicio, a fin de que la Corte emita una decisión en torno a este tema antes de que se vaya de vacaciones en diciembre próximo. Esto último a fin de que el estado de México tenga certidumbre en torno a su proceso electoral que inicia en el 2011.

El escenario para las demandas promovidas por estos partidos luce complicado, porque desde enero el pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que la eliminación de las candidaturas comunes no viola la Constitución, porque es atribución de cada Congreso estatal decidir si permiten este tipo de candidaturas o no. Además se avaló una reforma similar que se había aprobado en el estado de Guanajuato.

En sus escritos argumentaron que se realizó una indebida convocatoria para reformar la Constitución y una “indebida aprobación de la reforma constitucional el 14 de septiembre de 2010, toda vez que el pleno aprobó como orden del día únicamente, el análisis y en su caso discusión de los dictámenes, y no fue convocado para su aprobación”.

En este punto hicieron especial énfasis en recordar que el Congreso local no actuó en su calidad de Poder Revisor de la Constitución, sino que siguió el proceso que se sigue para modificar una ley y no la Carta Magna de la entidad.

Pero también alegaron que la reforma aprobada restringe y anula derechos otorgados a los ciudadanos mexiquenses, con lo que se violan diversas garantías que les otorga la Constitución federal; y que se afectan derechos consagrados en tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Los partidos impugnaron en esencia el tema de las candidaturas comunes, pero también la reducción de los plazos de precampaña y campaña.

Fuente: El Universal, Estado de México – Carlos Avilés