Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización «Alto al Secuestro», pidió que peritos y policías cuenten con certificación a fin de proporcionar justicia a las víctimas del delito, además de una reincorporación óptima en la sociedad, en la vía publica y lo más importante, que obtengan justicia.

También destacó que también se requiere de la capacitación para jueces y personal ministerial, además de mecanismos para la reparación del daño a favor de las víctimas, programas de recuperación y reinserción en casos de emergencia, albergues y casas de transición, éstos también servirían para que las mujeres que puedan romper el círculo de violencia a través de programas de rehabilitación y capacitación que permitan a quienes han sufrido la comisión de un ilícito, participar plenamente en la vida pública, privada y social.

Miranda de Wallace participó en una reunión con defensores de derechos humanos en la ciudad de Toluca. Ahí reconoció que aún cuando las autoridades están capacitando a los jueces, los derechos de las víctimas siguen a la deriva y no están materializados en la operatividad.

Por último, mencionó es necesario incluir la notificación de la investigación a los propios afectados y sus familiares para ejercer su derecho a aportar pruebas.

Caso Wallce

Isabel Miranda de Wallace realizó una búsqueda incansable de los secuestradores de su hijo, el empresario Hugo Alberto Wallace Miranda. A partir del 11 de julio de 2005, cuando Hugo fue secuestrado en Plaza Universidad, hasta el pasado 3 de diciembre con la detención en Cuautitlán Izcalli de Jacobo Tagle, el último plagiario en libertad, este caso ha despertado la atención de la opinión pública.

Es una mujer de 59 años, que descubrió el móvil del secuestro de su hijo, unió las pruebas para que los presuntos culpables fueran a la cárcel; más tarde fundó la asociación civil “Alto al secuestro” y posteriormente colaboró en la iniciativa de la Ley para prevenir y sancionar los Delitos en Materia del Secuestro.

El pasado mes de noviembre fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010.

Fuente: El Universal, Estado de México – LILIÁN ANAYA