Por primera vez en la historia, el gobierno del estado de México tendrá la obligación de publicar en la Gaceta de Gobierno las tarifas correspondientes al servicio concesionado de arrastre y traslado de grúa, así como el pago de derecho de piso y movimientos en depósitos de vehículos particulares.

El legislador perredista Juan Hugo de la Rosa, impulsor de la iniciativa, indicó que este es el primer paso para poner fin a la corrupción, anarquía, extorsión y robo de autos que se registra en esos lugares.

La Cámara de Diputados mexiquense también aprobó que el gobierno emita disposiciones que obliguen a los concesionarios a colocar las tarifas visibles en sus unidades, así como en los corralones, y en caso de que no cumplan con estas disposiciones o cobren tarifas superiores a las autorizadas, se les revocará la concesión.

El congresista dijo que la propuesta avalada por la Cámara local pretende regular la prestación de este servicio y combatir la falta de transparencia en este rubro, pues en el Código Financiero del estado de México y Municipios se omitía hasta 2010 la fijación de tarifas para la prestación del servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos.

Estas disposiciones entrarán en vigor el próximo 1 de febrero.

En el estado de México operan 34 empresas concesionadas para el servicio de grúas que disponen de cerca de 400 vehículos. “Operan sin rendir cuentas y no son supervisadas por autoridad alguna, además de que no existían tarifas y los depósitos o corralones funcionan con tal irregularidad que el robo de autopartes es una práctica frecuente”, denunció.

Juan Hugo de la Rosa afirmó que las concesiones las otorga discrecionalmente la Secretaría del Transporte estatal, sin que exista mayor información sobre los procedimientos.

En el caso de los depósitos vehiculares, dijo, son 28 los sitios a donde son trasladados los automóviles que participan en algún incidente vial y el método para otorgar el permiso de éstos es el mismo que el de las grúas.

“La denuncia de los ciudadanos es que la operación de las empresas y de los corralones está fuera de control al grado tal que a pesar de que estos servicios están reconocidos como actividades objeto de concesión, el dinero que genera esta actividad no ingresa a la Tesorería estatal”, acusó.

Fuente: El Universal, Estado de México – Emilio Fernández