“Pésimas investigaciones, averiguaciones mal integradas, encargados de la persecución del crimen que son dolosos o misóginos y desatienden las denuncias de las víctimas”, son algunas de las irregularidades en las que incurren funcionarios de la Procuraduría estatal ante casos de feminicidios, sostuvo Israfil Filos Real, titular de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables, del PRI.

El defensor de las causas de la comunidad lésbico gay y transexual en el valle de Toluca consideró que los asesinatos dolosos de mujeres y contra las personas en general por su sexo, lengua, género, religión y edad, entre otros factores, son “tolerados” por la mayoría de la sociedad —a excepción de determinados grupos activistas—, pero sobre todo por las autoridades estatales.

“Al feminicidio contribuyen de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar esos crímenes”, dijo Filos Real.

El 24 de febrero pasado, Atención a Grupos Vulnerable ingresó a la Cámara de Diputados del Estado de México una iniciativa de ley para que el Código Penal de la entidad contemple el delito “crímenes de odio”.

Propuesta que solicita a los diputados adicionar una fracción V al artículo 245 del Código Penal de la entidad, para que los delitos pasaran de simples, es decir con penas de 10 a 15 años de prisión, a ser calificados graves con penas de 40 hasta 70 años de cárcel, si la víctima pertenece a un grupo vulnerable por su origen étnico o social; nacionalidad, color, sexo, lengua, género, religión, edad, opiniones y discapacidad, entre otros.

Fuente: El Universal Estado de México.