Organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres advierten sobre la intención de legisladores locales de frenar una reforma constitucional histórica que impulsará el respeto de los derechos humanos de acuerdo a tratados internacionales.
Se trata del Proyecto de decreto aprobado por el Senado en marzo de 2011 que modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En caso de aprobarse, los derechos humanos en México tendrán un marco legal apegado a los tratados internacionales que ha firmado México, lo cual significará un claro reforzamiento de los mismos.
El dictamen de reforma constitucional incorpora a la Constitución todos los derechos de los tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado, pero el proceso legislativo incluye la aprobación del dictamen en los congresos locales.
Organizaciones civiles lanzaron una alerta a través de la red informando de una reunión realizada el 1 de este mes entre diputados de Nuevo León, Estado de México y Veracruz para planear cómo obstaculizar las reformas por no convenir a sus intereses.
Según un comunicado emitido por movimientos organizados de mujeres, los legisladores esgrimieron «argumentos nacionalistas que se escudan en una debatible visión de la soberanía nacional».
El decreto cambiará las atribuciones y funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al dársele la capacidad de investigar violaciones «graves» a las garantías individuales, supliendo así a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En caso de que hubiera «Estado de Excepción», se garantizarán diversos derechos de la ciudadanía que solían cancelarse en una situación de estas. Además, la deportación de extranjeros será más compleja, pues se instauró el derecho de audiencia para ellos.
El listado de cambios es amplio y según la opinión de grupos ciudadanos, la aprobación del decreto con sus respectivas reformas constitucionales representaría un gran avance para el país en materia de derechos humanos.
El dictamen ya pasó por las dos cámaras del Congreso de la Unión y al tratarse de un decreto que modifica la constitución, debe someterse también a la consideración de los legisladores de los estados y del Distrito Federal.
Fuente: E Consulta

