Alrededor de 60% de los indígenas procesados penalmente no cuentan con defensores que conozcan las lenguas nativas en el estado de México, por lo que es urgente impulsar una ley para la creación de fiscales especiales, propuso la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, Florentina Salamanca Arellano.

La legisladora panista, de origen mazahua, consideró que en la entidad deben quedar atrás las prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas.

«En el estado de México no existen fiscales especializados para atender casos penales que involucran a la población indígena, lo que indudablemente afecta a nuestros hermanos que en ocasiones son procesados sin saber los motivos que los llevan a ser encarcelados, y por supuesto, eso también es discriminación».

La congresista indicó que actualmente más de 300 mil hablantes de lenguas mazahua, otomí, tlahuica, matlazinca y náhuatl, se concentran principalmente en 790 comunidades pertenecientes a 42 municipios, de las cuales 20 de son de alta marginación, siete de media marginación, 12 de baja marginación y tres de muy baja marginación.

«Las etnias viven relegadas y sus integrantes son discriminados, y eso es un hecho como el caso más reciente de la joven indígena María Rafael González López, de 22 años de edad, madre soltera mazahua originaria de San Felipe del Progreso, la cual fue acusada injustamente y sin fundamentos legales coherentes por sus patrones de sustraer dinero y joyas del domicilio donde laboraba en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza».

Salamanca Arellano expuso que el proceso penal que mantiene presa en el penal de Barrientos (Tlalnepantla) a la joven indígena María Rafaela González López, está plagado de inconsistencias.

«Por lo que decidimos apoyar a la joven María Rafaela con asesoría jurídica y esperamos que en breve el juzgado nos dé un amparo que permitiría a la mazahua salir de la cárcel y pueda reunirse con su hijo», contó.

La legisladora panista Florentina Salamanca Arellano confió que este caso, como en otros similares, se elimine de una vez por todas las prácticas discriminatorias contra la población indígena.

Según Alejo Juárez Cabrera, de origen zapoteca y director de Atención a los Pueblos Indígenas de Valle de Chalco, en el estado de México sólo existen 10 intérpretes de lenguas indígenas, lo que ha contribuido a que representantes de diferentes etnias fueran procesados en un idioma que no entendían violando sus garantías individuales.

El funcionario municipal precisó que seis de cada 10 presos indígenas no contaron con un traductor durante su proceso legal.

Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz y Valle de Chalco, concentran el mayor número de habitantes cuyo origen es indígena. En este último municipio hay vecinos originarios de 44 etnias de todo el país, aunque predominan los mazatecos, mixtecos y zapotecos, muchos de los cuales no hablan castellano.

Fuente: El Universal