En el 2011, los jueces federales iniciaron un juicio penal a seis de cada 10 funcionarios de la PGR con orden de captura por hechos de corrupción y se emitieron sentencias condenatorias contra dos de cada 10 acusados, según cifras de la Visitaduría General de la Procuraduría.

César Alejandro Chávez Flores, Visitador General de la PGR, dijo en rueda de prensa que durante los últimos 9 meses el área a su cargo obtuvo 102 órdenes de aprehensión contra funcionarios de la dependencia, y se logró iniciarles un proceso a 62.

Chávez Flores aseguró que dichos indicadores son casi dos veces superiores al desempeño promedio de los últimos años, pues en 2008 la Visitaduría llevó a juicio a 36 funcionarios, en 2009, a 39, y en 2010 la misma cantidad.

Con relación a las otras 40 órdenes de captura pendientes, indicó que aún no han sido cumplimentadas o se trata de servidores públicos que están a la espera que los jueces les determinen su situación jurídica.

También dijo que en el mismo periodo de tiempo donde se ordenó detener a 102 servidores públicos, los jugadores emitieron sentencias condenatorias sólo contra 18 del total de los inculpados, casi el 20 por ciento de los indiciados.

Las condenatorias fueron dos por delitos de cohecho, una por extorsión, una contra la administración de justicia, una por ejercicio indebido, tres falsedades en declaraciones rendidas ante una autoridad, un fraude, tres falsificaciones de documentos y seis por uso de documento falso.

Los servidores públicos probables contra los que se libraron órdenes de aprehensión obtenidas son 12 agentes del MPF, 49 agentes de la Policía Federal Ministerial, 5 mandos medios y superiores, 26 administrativos y 2 particulares.

Las órdenes de captura se emitieron por fraude, contra la administración de justicia, uso de documento falso, cohecho, extorsión, ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, hostigamiento sexual, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, falsificación de documentos en general, y desaparición forzada de personas.

El funcionario dijo que algunos casos presentados recientemente son los de un agente de Ministerio Público que la semana pasada fue procesado en Quintana Roo por cohecho, por pedirle 100 mil pesos a un narcomenudista, presuntamente para favorecerle con una «consignación blanda», es decir, para integrar la averiguación previa en forma deficiente y que el caso fuera desechado por el juez y quedara en libertad el acusado.

También citó el caso de un proceso iniciado la semana pasada en el Estado de México contra otro agente del MP, quien realizó un cateo a un lugar que no estaba autorizado y sustrajo los bienes de los particulares.

«En la vía de responsabilidades administrativas de agentes del Ministerio Público, policías y peritos de la PGR, la Visitaduría General ha aumentado significativamente el número de ‘vistas emitidas, ya que en 2009 se emitieron 421, en 2010 387 y de enero a esta fecha se han llevado a cabo 708, y se tiene proyectado llegar a un mil 100 a diciembre.

«Conviene precisar que ‘vista’ es el documento que se genera como producto de las visitas, de evaluación técnico jurídica, de inspección o supervisión, de los expedientes de investigación, y en algunos casos de las propias averiguaciones previas, cuando de dicho proceso se concluye la existencia de irregularidades en el proceder de servidores públicos, acciones u omisiones que constituyen responsabilidades administrativas o penales», dijo el visitador.

FUENTE: REFORMA