Wilfrido Torres González, delegado de Diconsa en el Estado de México y ex secretario de Atizapán, fue inhabilitado por 10 años por la Contraloría municipal por su presunta responsabilidad en el desvío de 51.9 millones de pesos del erario público, recursos que fueron invertidos en una casa de bolsa por el anterior gobierno local.

El alcalde David Castañeda Delgado, del PRI, aseguró que la Contraloría municipal inhabilitó por 10 años para desempeñar cargos en la administración pública a Torres González y Alberto Torres Almeida, ex tesorero del ayuntamiento, ambos militantes del PAN.

Torres Gonzáles actualmente se desempeña como delegado en el Estado de México de Diconsa y en el 2009 fungió como candidato del PAN a la presidencia municipal de Atizapán, cargo que perdió ante el priísta David Castañeda Delgado, actual alcalde atizapense.

Castañeda Delgado afirmó en entrevista colectiva que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció al ex alcalde Gonzalo Alarcón Bárcena ante la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto que la Procuraduría de Justicia del estado de México investiga también el presunto desvió de recursos estatales.

Mencionó que la ASF presume probable daño o perjuicio contra la Hacienda Pública Federal por 51.9 millones de pesos, de los cuales 24 millones fueron colocados por el anterior gobierno municipal en la Bolsa de Valores y el resto utilizados para fines distintos a los asignados.

«En lo que se refiere a Gonzalo Alarcón, nosotros hicimos la denuncia correspondiente y la Auditoria Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) son los encargados, y ya existe una averiguación previa ante la PGR», mencionó.

Agregó: «Ahora toca al Ministerio Público Federal dar el último dictamen y por parte del OSFEM, dar sobre los recursos estatales que se desviaron, pero obviamente a nosotros nos competen los funcionarios municipales, no a quienes somos por elección popular, eso ya se rige aparte. Los síndicos, regidores y presidentes municipales se rigen por la Legislatura local o la Procuraduría Federal».

Castañeda Delgado dijo que el ayuntamiento reclamó la devolución de los 51.9 millones de pesos desaparecidos.