En el Congreso mexiquense, en sesión correspondiente al octavo periodo ordinario, los legisladores avalaron la minuta enviada por la Cámara de Senadores que establece que las autoridades federales podrán conocer de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta.

Además, se estableció garantizar la plena protección de los derechos humanos de los mexiquenses; obligar a servidores públicos estatales y municipales a promover, respetar, investigar, sancionar, reparar las violaciones a los mismos, así como agravar las sanciones de la tortura hasta con prisión vitalicia, objetivos de las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política local y a tres ordenamientos estatales, aprobados unánimemente por la LVII Legislatura del Estado de México.

Por otra parte, se estableció que «las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia y la Constitución local, para favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia», de acuerdo con la reforma al artículo 5 constitucional aprobada por el Pleno de Legislatura estatal.

La iniciativa formulada por el Ejecutivo estatal establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Como consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales.

Asimismo, en la adición al artículo 88 bis de la Constitución Política estatal, se faculta a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia para analizar si las normas son o no compatibles con las convenciones, tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, especialmente con la Convención Americana de Derechos Humanos que da sustancia y contenido al sistema interamericano en la materia.

Por tratarse de una reforma a la Constitución local, esta iniciativa se envió a los 125 ayuntamientos mexiquenses a fin de recabar la voluntad del constituyente permanente y hacer la declaratoria de aprobación.

Los legisladores aprobaron de manera unánime adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 44 bis-1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de que la Sala Constitucional conozca de los recursos ordinarios en materia civil, familiar, mercantil o penal contra alguna resolución judicial donde se deja de aplicar la norma local por ser considerada contraria a la Constitución federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos; en estos casos resolverá también el fondo del asunto planteado.

De esta manera se garantiza la supremacía de los derechos humanos.

Ambas iniciativas leídas por el diputado Óscar Hernández Meza fueron formuladas por el titular del Ejecutivo estatal y los diputados acordaron dispensar el trámite de dictamen por su obvia y urgente resolución.

FUENTE: EL SOL DE MÉXICO