Hacinamiento, corrupción, universidades del crimen; son realidades que la Cámara de Diputados intenta abatir con la aprobación de un nuevo diseño en los centros de readaptación social del país.

«El sistema penitenciario mexicano es un fracaso, en los 431 establecimientos que hay en el país priva la corrupción, priva la desorganización, priva la falta de clasificación de los internos y en algunos ominosamente tenemos gobiernos paralelos de los delincuentes», indicó Humberto Benítez Treviño, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Cámara de Diputados apostó por una nueva estrategia; y con 311 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones, expidió la nueva Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones que establece un sistema de clasificación de internos para distinguir entre procesados y sentenciados y crea la figura del juez de ejecución de sanciones encargado de supervisar la duración de las penas y la normatividad al interior de las cárceles.

«Se establecen los lineamientos para que sean evaluados los internos de manera objetiva, mediante la utilización de valoraciones técnicas de los especialistas en las áreas de salud mental, médica y educativa para con ello revisar su comportamiento y revisar la compurgación de su pena», aseguró José Luis Ovando Patrón, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

Actualmente existe una sobrepoblación del 29% en los 431 centros penitenciarios del país. Cinco entidades albergan el 50% de toda la población penitenciaria; entre las más sobrepobladas se encuentran el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco.

«De los 100 mil que están en la cárcel esperando sentencia, entran la mitad por robos menores a mil pesos y salen como doctores en delitos», aseguró Carlos Flores Rico, diputado del PRI.

Se establece un sistema integral de justicia para adolescentes en materia penal, con ministerios públicos y jueces especializados en este sector y se ponen las bases para la creación penales especializados para criminales integrantes de la delincuencia organizada.

«Motines, evasión de reos, tráfico de drogas, posesión de armas, hacinamiento, mal estado de las instalaciones, deficiencias en la alimentación entre otras fallas, demuestran el colapsado sistema penitenciario de nuestro país e impide la reinserción social de los reclusos», señaló Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRD).

Existen 229 mil internos en todo el país, 60% procesados y 40% con sentencia, por lo que este nuevo ordenamiento reglamenta el Artículo 18 constitucional para hacer realidad la reinserción social a través de la educación, el trabajo, la salud y el deporte.

«Ahora se va a encontrar con nuevos conceptos, como por ejemplo, el de la industria penitenciaria, que permite preparar al interno para regresar a la sociedad», agregó Carlos Flores Rico, diputado del PRI.

Se establecen niveles de seguridad y custodia por perfil delincuencial con un enfoque de respeto a los derechos humanos en el interior de las cárceles y se reglamenta la separación de hombres y mujeres en los penales.