Ciudad de México • Por unanimidad, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo donde solicita a la Procuraduría General de la República que en el ejercicio de sus atribuciones en materia de “lavado” de dinero, investigue el origen de los recursos en efectivo y bienes inmuebles asegurados al ex funcionario de Coahuila, Javier Villarreal, familiares y socios, para determinar el posible daño patrimonial, así como la responsabilidad de otros involucrados.

Durante la sesión, el PRI aprovechó para ventilar la denuncia interpuesta ayer en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra un funcionario de la Sedesol en Hidalgo, de nombre Cristóbal Peza Cárdenas, quien condicionó la entrega de recursos públicos del programa Oportunidades a cambio de apoyar a la candidata panista a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota.

El panista Rubén Camarillo presentó el punto de acuerdo para que se investigue al ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) durante la gestión del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, luego de que conocerse que en Estados Unidos se le investiga, y en particular en Texas se le han decomisado más de 6 millones de dólares, unos 75 millones de pesos de cuentas bancarias y pretende incautarle todos los bienes que tiene en esa localidad.

“Además, las investigaciones han descubierto que Villarreal, su esposa y otras personas conspiraron como grupo para cometer delitos federales y estatales de delito de dinero”, resaltó Camarillo Ortega.

Durante el debate, el PRI propuso cambios al punto de acuerdo original planteado por Camarillo, al plantear que así como se pide investigar este caso, valdría la pena demandar que se investiguen otros como el del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien se acusa de faltas administrativas en la aplicación del presupuesto o el del ex alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal.

En tribuna, el diputado priista Felipe Solís estableció que si se parte del axioma de que nadie puede sustraerse de la aplicación de la ley, “nadie puede venir a esta tribuna ni a ningún lugar a hacer un señalamiento ni a darle trato de acusado a quien está única y exclusivamente como señalado en un expediente”.

Sostuvo que no hay pronunciamiento alguno de ninguna autoridad de carácter jurisdiccional en este caso “y por lo tanto no admitimos que ni a las personas señaladas ni a ninguna otra, milite en el partido político que sea, se le dé el trato de acusado cuando estamos en presencia tan sólo de una averiguación previa abierta ante las instancias ministeriales que correspondan, si fuera el caso”, argumentó Solís.

FUENTE: MILENIO