Defendiendo la decisión mayoritaria de los electores mexicanos, más que esperando el cumplimiento de los plazos que la Ley establece para que la autoridad formule la declaratoria de Presidente Electo, Enrique Peña Nieto ha anunciado que, una vez que esta última sea emitida, dará los primeros pasos en la integración del equipo de transición del mandato y -deducen los analistas- hacia la conformación de su gobierno; pero él sabe, además, que ha abierto una gran ventana de oportunidad de trabajar para y desde su partido: el PRI.

Presidencial y representativo, nuestro régimen político y jurídico deposita el Poder Ejecutivo en un solo hombre que, presentado a la elección por un partido; es decir, por una parte de la sociedad políticamente organizada, y habiendo triunfado en la elección democrática, ejerce el poder desde la adminsración pública, sin perjuicio de hacer política, en el marco de la ley, dentro y desde el partido que lo postuló.

En ese contexto, la Presidencia Democrática que el candidato triunfante se ha comprometido a ejercer, debe ser un sólido estilo de gobierno que tenga, como una moneda, dos caras, si bien complementarias, claramente distinguibles: la que mire hacia la administración pública, y la que no reste atención al Partido Revolucionario Institucional. Así pues, Enrique Peña tiene enfrente el reto de hacer un gobierno eficaz y la oportunidad de reformar al partido.

Un gobierno que logre que los derechos de todos, plasmados en la Ley, sean disfrutados en la vida cotidiana; que libere la capacidad productiva con la que el país alcance el crecimiento económico conforme a su potencial; y que asuma el liderazgo de nación emergente que a México corresponde.

Pero el triunfo electoral obliga al PRI a repensarse; esto es, a replantear cuál será su posición respecto al futuro y de cara a la sociedad mexicana contemporánea, que es crítica, informada, participativa y exigente, como no lo había sido antes. Es decir, para representar a la mayor parte de la sociedad del siglo XXI y pretender gobernarla, no parece suficiente un partido político del XX.

Como lo hizo al momento de su nacimiento como Partido Nacional Revolucionario en 1929, lo cual contribuyó de manera definitiva a la pacificación del país; en 1938, cuando las centrales obreras y campesinas se incorporaron a la estructura del partido y éste cambió para denominarse Partido de la Revolución Mexicana; o en 1946, cuando asumió, primero, la misión de promover el desarrollo nacional a partir de las instituciones, y segundo, una nueva denominación, el Partido Revolucionario Institucional tiene la oportunidad, o necesidad, de reformarse.

Al perfilar la Presidencia Democrática, Enrique Peña ha dicho, entre otras cosas, que ésta consistirá en el “estricto apego a la Constitución y a las leyes; y con respeto a los derechos políticos y libertad de los mexicanos”. Ha precisado también que “quien no lo asuma así, quien no esté dispuesto a comprometerse con la democracia, la libertad y la transparencia, simplemente, no tiene cabida en este proyecto”.

Lo que estas palabras dicen, pero sobre todo lo que inspiran, bien pueden ser guía, sobre las que el Partido Revolucionario Institucional, mucho más que cambiar de nombre, renueve sus principios, redefina sus propósitos, y se acerque todavía más a los mexicanos; en una palabra: el PRI se fortalezca y asuma una forma nueva: se reforme. Conduciendo dicho proceso, Enrique Peña será, mucho más que el candidato histórico que recuperó la presidencia y el gran gobernante, el estadista que imprima renovado impulso a la política mexicana.