El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentará una denuncia de hechos ante la procuraduría para que se investiguen las «falsas imputaciones» sobre presunto lavado de dinero durante la campaña presidencial de su candidato, Enrique Peña Nieto.

Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional del PRI, dijo que la oposición no ha presentado pruebas contundentes para sustentar sus denuncias, pues únicamente buscan desprestigiar a las instituciones y al proceso electoral del pasado 1 de julio.

“Estas acciones que ellos están lanzando ante las instituciones electorales, no vienen acompañadas de pruebas sólidas, no están debidamente fundamentadas, pero sí vienen acompañadas de un gran despliegue mediático para desprestigiar a las instituciones. Lo que les interesa no es ganar en los tribunales sino desprestigiar el proceso electoral”, dijo el senador desde la sede nacional del partido.

Gustavo Madero y Jesús Zambrano, presidentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) respectivamente, pidieron este jueves que las autoridades electorales investiguen el presunto lavado de dinero en la campaña de Peña Nieto antes de validar los comicios del pasado 1 de julio.

En respuesta, el presidente priista, acompañado por Jesús Murillo Karam, encargado de la defensa legal del voto por Peña y del equipo jurídico del CEN y de la campaña, dijo que ante la Procuraduría General de la República (PGR) se entregaría el mismo documento con el que se dio respuesta al juicio de inconformidad presentado el jueves pasado por el Movimiento Progresista.

“La garantía que estamos dando son nuestros alegatos jurídicos y la entrega de toda la información, de los contratos que han suscrito al respecto y las potestades que ahora goza el IFE gracias a la reforma electoral, puede investigar abriendo el secreto bancario o el secreto fiduciario”, dijo Coldwell.

En conferencia de prensa conjunta, los líderes del PRD y del PAN dijeron este jueves que previo a la calificación del Tribunal Electoral, era necesario indagar el “manejo ilegal de recursos” en la campaña de Peña Nieto, por lo que anunciaron que se reunirían con Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir una indagatoria profunda.

Aunque el PAN no apoya el juicio de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista para invalidar los comicios presidenciales, Madero dijo este jueves que su partido tiene “la obligación moral” de oponerse a “prácticas fraudulentas que se presentaron”.

Al respecto, Coldwell dijo que «sorprende la actitud de la dirigencia Nacional del PAN, que no se corresponde con lo que otros dirigentes han manifestado, es una posición en ese sentido errática».

El contrato priista

“No queremos que continúe la especulación en una elección tan limpia, tan clara (…) La única imposición, sería poner al que perdió, el único fraude sería arrebatarle a la mayoría de los mexicanos su decisión, la única posibilidad real de actuar mal es no reconocer la decisión del pueblo que votó en paz y en tranquilidad”, dijo Jesús Murillo Karam, tras explicar en qué consistió el contrato que firmó el PRI para la distribución de tarjetas de prepago.

Según el documento que se entregó a las autoridades electorales y también ante la PGR, el PRI celebró un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V para la entrega de esas tarjetas “con recursos para ser utilizadas por personas autorizadas por el Partido”.

Según Murillo Karam, esos recursos son parte del gasto corriente del partido, no de la campaña de Enrique Peña Nieto. Explicó que se eligió el uso de tarjetas por ser la “forma más segura para mandar el dinero” a sus más de 300,000 representantes en todo el país.

El PRI recibió de la empresa Alkino 7,224 tarjetas de prepago, por las que se pagaron 66 millones 326,000 pesos, según cita el texto de la denuncia de hecho del PRI.

Previo al anuncio del PAN y PRD de este jueves, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, también acusó lavado de dinero en la campaña priista mediante depósitos hechos por empresas y una persona física a Banca Monex por 100 millones de pesos, con la que, se presume, se adquirieron tarjetas de prepago para la compra y coacción del voto.

«No puede ser declarada válida una elección que ha sido financiada con recursos derivados del lavado de dinero. Hacerlo implicaría que las autoridades competentes del país (…) encubrieran prácticas delictivas para validarlas y sanearlas», cita el documento que el Movimiento Progresista presentó el miércoles contra Peña Nieto ante el IFE.

El vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo al respecto que “todas las acusaciones que Andrés Manuel López Obrador ha imputado al PRI son absolutamente falsas. Ninguna de las acusaciones han podido presentar una sola prueba. Ayer ellos reconocen no tienen pruebas y le piden a la PGR que investigue”.

Enrique Peña Nieto es el virtual ganador de la contienda presidencial del pasado 1 de julio con el 38.21% de los votos, según el cómputo distrital realizado por el IFE. Mientras que en segundo lugar quedó López Obrador con el 32% de los sufragios.

“(Que hagan) cuentas del daño que hace quien miente y fomenta una situación de odio y va en contra del desarrollo democrático”, dijo Murillo Karam sobre las denuncias del candidato de izquierda que pide que se invalide la elección.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene hasta el próximo 31 de agosto para emitir una resolución por el juicio de inconformidad del Movimiento Progresista, y deberá, el 6 de septiembre próximo, entregar constancia al presidente electo.