La Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancó hoy su segundo periodo ordinario de sesiones de 2012, con una abultada agenda de pendientes que incluye la definición de límites sobre el fuero militar, el caso de la presunta secuestradora francesa Florence Cassez, y amparos de casi todas las grandes empresas del país en los que están en juego alrededor de 30 mil millones de pesos del erario federal.

En sesión solemne del Pleno de la Corte, el Ministro Presidente Juan Silva Meza inauguró el periodo de sesiones, último en el que participarán sus colegas Guillermo Ortiz Mayagoitia y Salvador Aguirre Anguiano, cuyo retiro está programado para el 30 de noviembre luego de 18 años de servicios en el máximo tribunal.

En la sesión, la Comisión de Receso de la Corte informó que, durante la segunda quincena de julio, admitió a trámite diez controversias constitucionales, entre ellas la promovida por el Ejecutivo para frenar la orden que le dirigió el Congreso para publicar la Ley General de Víctimas.

A partir de la próxima semana, la Corte discutirá dos conflictos competenciales y 28 amparos promovidos por militares, para definir los alcances del fuero de guerra, tanto en delitos en los que hay víctimas civiles, como en delitos que no necesariamente son contra la disciplina castrense, como el narcotráfico.

Según fuentes de la Corte, la discusión tendrá dificultades técnicas de acuerdo a las características de cada caso, y podrían haber algunos temas en los que no se logre la mayoría de 8 ministros necesaria para fijar jurisprudencia obligatoria.

El amparo de Cassez contra la condena de 60 años de cárcel por secuestro, en tanto, podría ser revisado nuevamente por la Primera Sala a finales de agosto o principios de septiembre, pues según fuentes judiciales, la Ministra Olga Sánchez Cordero ya tiene listos varios proyectos de sentencia y en breve decidirá cuál turnará a sus colegas.

Tras el tema de los militares, el Pleno discutirá la acción de inconstitucionalidad que la PGR promovió para impugnar la Norma 29 del gobierno del Distrito Federal, que limitó la instalación de tiendas de autoservicio en ciertas zonas de la ciudad.

Posteriormente, retomará amparos de telefónicas que ya fueron discutidos en marzo pasado, en los que se busca definir con mayor claridad el alcance de los facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de fijación de tarifas de interconexión.

Antes del receso de julio, el Pleno también agendó cinco de los 267 amparos que grandes corporaciones promovieron en 2010, para impugnar una reforma al régimen de pago consolidado de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los amparos que resolverá la Corte fueron promovidos por El Palacio de Hierro, Chedraui, Gruma y Corporación GEO, entre otras.

Si los Ministros confirman el criterio de la juez que resolvió las demandas en primera instancia y concede los amparos, fuentes hacendarias han estimado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá que devolver más de 30 mil millones de pesos a unas 250 empresas controladoras.

FUENTE: TERRA NOTICIAS