Los militares retirados detenidos en el Estado de México acusados de delitos relacionados con el narcotráfico se declararon inocentes y uno de ellos dijo que fue obligado a incriminar al general Tomás Angeles Dauahare, exsubsecretario de Defensa, informó a la AFP el jueves una fuente judicial.

En su declaración el miércoles ante el juez, los generales retirados Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia, así como el general Roberto Dawe González, y el coronel retirado Jesús Hernández Soto, «negaron los cargos y haber pertenecido a un grupo delictivo», dijo a la AFP una fuente de la oficina del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, que lleva el caso.

Los militares son acusados de haber recibido cantidades millonarias del integrantes del cártel de Beltrán Leyva a cambio de protección. Los oficiales declararon ante el juez en la prisión de máxima seguridad de Almoloya.

El juez federal Raúl Valerio debe determinar a comienzos de la próxima semana si hay mérito para mantener detenidos a estos cuatro militares que hacen parte de un grupo de seis oficiales de alto rango encarcelados el martes en uno de los mayores escándalos de corrupción por narcotráfico que haya afrontado el ejército mexicano.

Escorcia afirmó ante Valerio que «la declaración que había dado ante un ministerio público era falsa y que lo habían obligado a estampar su firma», dijo a la AFP el vocero del juzgado.

Según versiones de prensa, Escorcia dijo haber sido presionado bajo amenazas contra sus hijos para declarar que en 2007 Angeles Dauahare, subsecretario de defensa de 2006 a 2008, le pidió como favor ir a recoger «unos documentos a un restaurante» que en realidad eran un portafolio con dinero del narcotráfico.

La familia de Angeles Dauahare y su defensa han manifestado que se trata de una venganza política enmarcada en el contexto de la campaña para la elección presidencial del 1 de julio pasado.

Angeles había sido detenido en mayo, poco después de cuestionar la estrategia del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico en foro organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En tanto, el lugar de detención de Rubén Pérez, el cuarto general detenido, no ha sido revelado por «por razones de seguridad», dijo a la AFP un responsable de prensa de la fiscalía. Versiones de prensa afirman que Pérez se habría acogido al programa de testigos protegidos.

El mayor Iván Muñoz, el otro militar implicado, está recluido en una cárcel Querétaro.

FUENTE: EL ECONOMISTA