El PRI y el PRD confrontaron visiones por las posibles consecuencias sociales del fallo sobre los comicios presidenciales, que deben ser calificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) antes del 6 de septiembre.
Jesús Zambrano, dirigente nacional perredista, afirmó que la coalición de izquierda Movimiento Progresista esperará hasta que el TEPJF emita su resolución para definir su estrategia, pero aclaró que otras agrupaciones opositoras al PRI y su candidato Enrique Peña Nieto pueden convocar a protestas si el resultado —favorable al priista— es ratificado.

“Nosotros no seríamos responsables de que hubiera una respuesta social de otro tipo. El horno no está para bollos tampoco, pero tampoco estamos amenazando con eso. Nosotros en lo que estamos poniendo el acento es en la exigencia de que se valoren todos los alegatos, los agravios que hemos presentado”, dijo a periodistas.

Zambrano y otros representantes del Movimiento Progresista, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, acudieron a un encuentro con tres de los siete magistrados del Tribunal Electoral —María del Carmen Alanís, Pedro Esteban Penagos y Manuel González Oropeza—, ante quienes argumentaron por qué, desde su punto de vista, deben ser invalidados los comicios.

El bloque asegura que el proceso no cumplió con los principios constitucionales de equidad, libertad e imparcialidad, por lo cual, según Zambrano, si la elección se valida los sectores inconformes podrían realizar manifestaciones. Una de las agrupaciones que ha anunciado protestas contra el PRI es el movimiento universitario #YoSoy132.

“Nosotros no incidiremos en estos grupos que se están moviendo. Lo hemos dicho una y mil veces y queremos subrayarlo: no estamos detrás de ellos. Ellos están tomando sus decisiones autónomamente, por su propia cuenta; están en su derecho”, dijo el presidente del partido del sol azteca en conferencia de prensa.

Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo (PT), advirtió sobre la «consecuencia política» del fallo de los magistrados electorales.

“La decisión de este tribunal tiene muchas consecuencias, no solamente son consecuencias jurídicas (…) Si el modelo no cambia, si el modelo se mantiene, es previsible (que haya) estallidos sociales”, señaló

Momentos después, representantes del PRI rechazaron y criticaron esos señalamientos, luego de reunirse por separado con otros tres magistrados —Constancio Carrasco, Flavio Galván y Salvador Nava—, para defender su virtual triunfo.

“Me parece que es un grave error de los representantes de la coalición Movimiento Progresista pretender amedrentar a la sociedad con supuestos estallidos sociales. No hay ninguna base para que esto suceda. Fue una elección en la que se les respetó su derecho a competir.

«La gente decidió y ha llegado el momento que, como una democracia madura, los candidatos derrotados acepten su derrota. Un discurso político en esa dirección no contribuye al buen clima social del país”, dijo en conferencia de prensa Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional del PRI.

“No podemos, mediante amenazas o con presiones a la sociedad o a los tribunales, pretender imponer un capricho, porque eso sería la imposición de un capricho por encima de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía”, señaló el senador Jesús Murillo Karam, coordinador jurídico del equipo de Peña.

El TEPJF tiene hasta el 31 de agosto para resolver todas las impugnaciones a la elección presidencial, en la que Peña Nieto obtuvo el 38% de los votos y AMLO 31.59%. El priista, según el conteo del Instituto Federal Electoral (IFE), superó al perredista por alrededor de seis puntos porcentuales.

Una vez resueltas las inconformidades, el TEPJF debe discutir y votar, a más tardar el 6 de septiembre, un proyecto sobre la validez de los comicios, que elaborará la comisión integrada por los magistrados Carrasco, Galván y Nava. Si el proceso es válido, se emitirá la declaratoria de presidente electo. Si no, el tribunal debe llamar a votaciones extraordinarias.

Desde principios de julio, grupos de ciudadanos se han manifestado en varias ocasiones frente a la sede del tribunal, en el sur de la Ciudad de México, para protestar por los resultados de la jornada electoral del 1 de julio.