El Senado de la República aprobó en lo general la iniciativa preferente para reformar la Ley general de Contabilidad Gubernamental, para acotar la opacidad y endeudamiento de las entidades federativas y municipios.

La senadora del PRI, Blanca Alcalá, una de las artífices del proyecto de dictamen, dijo que con este paso quedó claro el compromiso de la cámara alta de avanzar en reformas que frenen la corrupción y garanticen la rendición de cuentas.

«Estamos a favor de la transparencia, estamos a favor de la armonización contable, estamos a favor de la rendición de cuentas, por eso estamos a favor de esta iniciativa, y estamos a favor de la transparencia. La opinión pública reclama terminar con todas las formas de corrupción», dijo Alcalá.

Con esta reforma, por primera vez se considerará como una «infracción grave», y sanciones administrativas, cuando el servidor público incurra en omisión dolosa o cause daño a la hacienda pública. Y se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de 500 a mil salarios mínimos, a quien incurra en opacidad o vulnere la hacienda pública de forma dolosa.

Y los gobiernos deberán tener disponible en Internet la información financiera acumulada de los últimos seis años.

El senador del PAN, Salvador Vega Casillas, integrante del grupo técnico que diseñó el proyecto de dictamen que se votó la tarde de este miércoles, destacó que con esta reforma se tendrá que informar y declarar todo tipo de deuda y no sólo las adquiridas con banco.

Así, los registros de contabilidad de cada entidad y municipio deberán ser publicados en las páginas institucionales de cada gobierno.

El plazo para el cumplimiento de esta reforma, que aún pasará a la Cámara de Diputados, deberá completarse en diciembre de 2013, y para los municipios el plazo máximo será un año después, en 2014.