El pleno de la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General hagan pública toda aquella información relacionada al operativo “Rápido y furioso”, incluso aquella que se hubiere generado en instancias estadounidenses y se haya remitido a las autoridades mexicanas.

También, la proposición de urgente y obvia resolución, requiere de los avances de las investigaciones realizadas por las autoridades competentes, así como la responsabilidad de funcionarios nacionales “en todo este complejo proceso ilegal y de consecuencias mortales y, en su caso, se entregue la información que le hayan remitido sus símiles en territorio estadounidense”.

Al fundamentar el punto, aprobado en votación económica, la diputada del PRD Aleida Alavez, dijo que es necesario que el Ejecutivo federal asuma e instrumente su responsabilidad con todas las víctimas afectadas por la instrumentación del operativo, proveyendo todas las medidas que permitan resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesión.

Detalló que a pesar de que se ha acreditado el ingreso ilegal de las armas y su utilización en diversos crímenes, la PGR todavía no determina si existe la comisión de algún delito, mientras en Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a varias comparecencias al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a juicio político.

A su vez, el diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, resaltó que es muy importante que se logre transparentar esta información, pero lo es más que se determinen consecuencias legales para los responsables. “En México no se han dado nombres y no ha habido responsabilidad penal”, dijo.

Se pronunció para que no se permita que el silencio permanezca, “porque de verdad, las familias de las víctimas, que también son nuestros connacionales y que fallecieron con estas armas, no lo van a olvidar. Es importante que haya las consecuencias legales y no permanezcan en la impunidad”.

El diputado del Panal José Caamal, afirmó que el operativo “Rápido y furioso” pone en evidencia la fragilidad en la frontera, al no existir el control adecuado para impedir la entrada de armamento en un momento de extrema violencia en los estados fronterizos.

En tanto, Adriana González Carrillo, del PAN, afirmó que tanto en Estados Unidos como en México las investigaciones avanzan con transparencia y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país.

“Apoyamos a nuestro gobierno para sancionar a los responsables y, si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional”, expuso.

Mencionó que la cooperación es necesaria para atacar el crimen organizado, especialmente en el siglo XXI, en donde no conoce fronteras ni tiene pasaportes.

“Estamos atentos a las investigaciones y esperamos que pronto haya sanción a los responsables de que hoy en México y en Centroamérica haya muertes de civiles inocentes, policías y militares con armas del operativo fallido”, dijo.