El gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto estará obligado a hacer frente al crimen y a reforzar los programas de combate a la delincuencia, con tal de disminuir el costo económico que está teniendo la violencia para el país, sostuvo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Alberto Espinosa.

En su mensaje semanal, el líder de los patrones aseveró que el clima de violencia e inseguridad representa hasta 1.8 por ciento del producto interno bruto del país, equivalente a más de 200 mil millones de pesos, que bien podrían ser canalizados a mejorar el combate a la pobreza o a la creación de infraestructura.

«El costo estimado a consecuencia de la delincuencia y el delito es elevado y representa el 1.38 por ciento del PIB. Son 212 mil millones de pesos que pueden destinarse a solventar otras necesidades urgentes de nuestro País, como el combate a la pobreza, la inversión en infraestructura o el impulso a la calidad educativa».

El líder de la Coparmex insistió en que la próxima administración tiene que reforzar los programas de combate a la delincuencia e identificar áreas de oportunidad para abatirla, a través de medidas eficaces de alcance nacional, con objetivos y estrategias claramente definidos, con el principal fin de evitar que más personas y empresas sigan siendo afectadas por la delincuencia organizada.

Alberto Espinosa dijo que la violencia no debe percibirse como un problema focalizado en el norte del país, pues la inseguridad está presente en todos los estados y afecta a todos los mexicanos. Recalcó que según cifras del propio Inegi, siete de cada 10 mexicanos señalan a la inseguridad como su principal preocupación, por encima del desempleo y la pobreza.

Ante ello, demandó al Congreso priorizar en la agenda legislativa, la atención y la discusión de leyes y reformas que impacten positivamente en la eficacia de las estrategias de seguridad, como la Ley de Combate al Lavado de Dinero y la Ley de Seguridad Nacional.