EL PRESIDENTE ELECTO, Enrique Peña Nieto, dijo a los legisladores, en agosto de este año, que el cambio de administración, inserto en lo que denominó “segunda transición democrática” del país, implicará el paso del Partido Revolucionario Institucional de un partido de oposición a ser el representante en el gobierno. Por eso, expresó su intención de trabajo con los diputados y senadores estrechamente, con “una muy sana cercanía”. En ese contexto les adelantó que la modernización y desarrollo de México tendrá como antecedente las reformas de ley que enviará al Legislativo para su análisis y discusión.

En otras palabras, el ex gobernador del Estado de México considera que su iniciativa de ley planteará la inserción de la iniciativa privada en las actividades de Petróleos Mexicanos (PEMEX), como ya lo adelantó Luis Videgaray, el Coordinador del Gabinete de Transición, que propondrá a los legisladores en el primer mes de su administración: diciembre próximo, aunque no señaló fecha específica.

De esa manera Peña Nieto impulsará al país hacia “la modernización” de PEMEX porque “tenemos que actuar con madurez política, con altura de miras, con visión de futuro y con una mística de trabajo y de servicio, que esté a la altura, insisto, de las exigencias sociales del México del siglo XXI”.

Más allá de los giros del lenguaje y de la retórica, lo cierto es que de llevarse a cabo esas modificaciones en el sector energético (de la cual aún tenemos que conocer sus pormenores) la administración pública entrante, a partir del primer día de diciembre, México estará frente a modificaciones de gran calado que podrían convertirse en históricas por sus repercusiones socioeconómicas.

Seguramente los priístas en San Lázaro, encabezados por el Diputado Emilio Gamboa Patrón, tendrán reuniones en los próximos días, seguramente privadas, para conocer de cerca las pretensiones legislativas del próximo Titular del Ejecutivo federal.

COMO NIÑO BUENO, que ha cumplido con las “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional referentes a la privatización del sector energético, así como las tendencias internacionales capitalistas, dentro del eufemismo llamado “globalización”, acordadas por el Grupo de los Ocho, el próximo gabinete cumplirá con el sueño dorado de las empresas transnacionales de privatizar el sector energético que han reiteradamente insistido los personeros dentro y fuera del país de intereses transnacionales, los que, dicho sea de paso, están personificados en varios secretarios en el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barak Obama.

En esos planes, seguramente, no estará incluida la construcción de las plantas petroquímicas que liberarían al país del pago de la gasolinas que se pagan a los vecinos del norte, transformando Petróleos Mexicanos el crudo en nuestros propios combustibles, sin dejar de lado las cadenas de producción que implican las actividades petroquímicas. Los aumentos mensuales de gasolinas seguirán hasta el 2014, ya lo decidieron los propios legisladores, pero nadie a dicho absolutamente nada del fondo ambientalista con el cual se había justificado, inicialmente ese golpe al bolsillo de millones de mexicanos con vehículos automotores propulsados por gasolinas.

“MEXICO SE MANTENDRA INFLEXIBLE y no aceptará, ni ahora no nunca, un punto que vulnere su soberanía sobre la decisión de a quien venderle su petróleo y en qué momento”, palabras literales de Jaime Serra Puche, el martes 21 de julio de 1992, siendo secretario de Comercio y Fomento Industrial, en una “charla informal” con los reporteros acreditados al sector, y dentro del ambiente de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, cuya representante, Carla Hills, insistió, una y otra vez, sobre las pretensiones de su gobierno para la inclusión del hidrocarburo mexicanos en las reuniones.

Ahora, queda la disyuntiva, ¡les venderemos más petróleo a los vecinos del norte o, dependiendo de las modificaciones legales previstas por el próximo gobierno, directamente se dará acceso a sus empresas transnacionales del sector.

DESDE HOY LOS investigadores universitarios ya hablan de una “contrarreforma energética”, John Saxe Fernández, Sarahí Angeles Cornejo, Jaime Cárdenas, Raúl Jiménez, Rocío Suárez, Manuel Bartlett y Víctor Rodríguez, afirman que en sus postrimerías la administración calderonista tiene planeado el desmantelamiento total de PEMEX. Muestra de ello, señalan, es la firma de contratos para la exploración y producción de campos maduros en el sur nacional, “dando el tiro de gracias para revertir la Expropiación Petrolera de 1938”.

Otra parte del ROMPECABEZAS que perfila el panorama de cambios impuestos desde los grandes núcleos del poder transnacional, aceptados y apuntalados, interiormente, por los sectores proclives a ese eufemismo ahora llamado “globalización”.

JUAN CAMILO MOURIÑO Terrazo, oriundo de Madrid, España, y nacionalizado en nuestro país recibe un gran regalo –así sea post mortem, ello no importa- porque su antiguo jefe inmediato, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, hará realidad su promesa de apoyo a los empresarios españoles, alrededor del año 2007, quienes construirán 2 barcos-hotel para PEMEX por más de 380 millones de dólares.

Ya el presidente Mariano Rajoy aceptó públicamente la realización de ese pedido a los astilleros de Vigo, en el municipio de Galicia, y precisó la negociación de otros contratos, pero se negó a entrar en detalles. Aunque aquí trascendió que ya hay acuerdos para la construcción de catorce hoteles flotantes, para el uso de trabajadores de la paraestatal mexicana.

SUBEJERCIO EN SEGURIDAD PUBLICA. La revista «Cámara», editada precisamente por la Cámara de Diputados, en una colaboración del economista universitario Ranulfo Delgado Castañeda, del Centro de Estudios de las Finanzas Pública, destaca que de acuerdo con informaciones oficiales se ha detectado un subejercicio en los recursos aplicados en el trimestre de este año por parte de las dependencias del área federal de seguridad pública.

Centralmente, Procuraduría General de la República las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, y la Marina, son las dependencias del Ejecutivo Federal que han caído en estos «inexplicables» rezagos, apunta el autor. El subejercicio de recursos de SEDENA representa el mayor en términos absolutos, señala el investigador, pues dejó pendiente de aplicación mil 283.4 millones de pesos.

Marina, que presenta un subejercicio similar de mil 272.7 millones de pesos, fue el Ramo que registró el mayor rezago en el cumplimiento del calendario de gasto, pues su avance respecto del monto programado llegó a 76.8 por ciento. Además, los subejercicios observados en la PGR y la Secretaría de Gobernación ascendieron a 483.8 y 267.1 millones de pesos, respectivamente.

El presupuesto original aprobado para seguridad pública en el grupo de Ramos administrativos vinculados a ella ascendió a 146 mil 190.5 millones de pesos, de los cuales al 31 de marzo de 2012 solamente se había ejercido el 17.6 por ciento.

Aunque en la propia publicación -correspondiente a septiembre- se aclara que los artículos firmados no implican posición o comentario de la propia Cámara, pero en este caso sí apuntan las conclusiones hacia un fuerte rezago en la aplicación de recursos públicos en una de las áreas donde el Presidente de la República, Felipe Calderón, ha puesto especial énfasis en recursos presupuestales, técnicos y humanos. Lo que, a pesar de esos esfuerzos, ha dejado 95 mi muertos como parte de la inseguridad pública, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

MEXICO, PARAISO DEL outsourcing (anglicismo que puede traducirse en subcontratación) así lo define el investigador Román Munguía Huato, quien hace este señalamiento con base en que más de 14 mil empresas no pagan sus cuotas al Infonavit y Seguro Social; así como el pago de los impuesto al Valor Agregado y el de Sobre la Renta.

La evasión del ISR por esquemas de subcontratación ascendió a 15 mil 820 millones de pesos de 2004 a septiembre de 2010. Por su parte Arturo Urbina, doctor en Derecho Fiscal por la UNAM, dijo que esto sucede porque hay gran corrupción en la función pública.

Este problema de la evasión fiscal se detectó desde que comenzó a caer la recaudación fiscal y el pago de cuotas, principalmente por parte de las grandes empresas y compañías transnacionales.

Sin embargo, los diputados federales hacen creer a la opinión pública que con los reciente cambios a diversos artículos (que no reforma integral) a la Ley Federal del Trabajo, autorizando el llamado «outsourcing», los trabajadores tendrán mayores y mejores oportunidades de empleo.

EN BAJA CALIFORNIA Sur la empresa Desarrollos Zapal, filial del Grupo Invecture, inició ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el trámite para que reciba la autorización del proyecto de minería a cielo abierto denominado “Los Cardones”, dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna. Al respecto agrupaciones integrantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental denuncian que ese proyecto afectaría la salud de los habitantes, su economía, el patrimonio cultural y la sustentabilidad del estado.

Por ello demandan a la dependencia rechace la solicitud, ya que de entrar en funciones la mina contaminaría con 67 millones de toneladas de arsénico a la zona, porque lo dejarían a la intemperie permanentemente.

EN SOLO CUARENTA años la población mexicana mayor de 65 años de edad habrá aumentado en cerca del ¡600 por ciento!, y ante esa realidad el sistema nacional de salud, pensiones e infraestructura ya están en alerta porque están aumentando el número de casos de enfermedades crónico-degenerativas, así como problemas de sobrepeso; advierte Enrique Ruelas Barajas, Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina e integrante de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.

Además, dijo, los padecimientos crónico-degenerativos (diabetes, hipertensión arterial y males cardiovasculares) y la transición demográfica representan los desafíos más importantes en materia de salud pública, por lo cual los profesionales no deben descuidar los problemas sanitarios que persisten, como los casos de cáncer cérvico-uterino y muertes maternas.

Además, durante el tercer trimestre de 2010 cerca de 82,200 personas con más de 60 años se encontraban desocupadas en México (personas sin ocupación que buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica), y casi 1 millón 114,000 adultos mayores conformaban la población no económicamente activa (PNEA) disponible.

Los ancianos tienen diferentes motivos para ocuparse; sin embargo, enfrentan desafíos que dificultan el acceso al empleo. Pese a ello, 7.9 por ciento de la PEA nacional lo conformaba el sector de la senectud, lo que muestra su interés o su necesidad de participar en la vida económicamente activa. El gran número (1 millón 196,200) de adultos mayores que busca trabajo indica que la oferta laboral no es suficiente y que el país desaprovecha la fuerza laboral de la tercera edad.

LA AGRUPACION AMBIENTALISTA Greenpeace realiza una campaña en contra de la solicitud –a principios de octubre- de la transnacional Monsanto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para la siembra de maíz de variedades transgénicas en 700 mil hectáreas del estado de Sinaloa, poniendo en riesgo la diversidad de maíces mexicanos porque no hay evidencias plenas y seguras de que no afectarán la salud de los consumidores del país.

Pero la situación tiende a complicarse desde el momento en que nadie consultó a los campesinos productores de maíz criollo de los municipios de San Ignacio y Concordia, sobre el proceso de consulta para el cambio de la forma de producción del grano. Mucho menos, indican los investigadores de Greenpeace, les comentaron que podían participar en la consulta a través de internet, de acuerdo con la convocatoria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA) en su página electrónica. De esta manera, a cientos de campesinos e indígenas, los mismos que durante miles de años ha conservado la riqueza de maíces mexicanos, les arrebatan la posibilidad de emitir una opinión, claro, por medio de la web, porque ya alzaron la voz para gritar su indignación por las violaciones a sus derechos y para exigir al Gobierno de este país niegue a Monsanto la autorización para sembrar maíz transgénico en todo el territorio de ese estado.

Ese sesgo en la convocatoria, dicen los propios campesinos, implica violaciones de la SENASICA a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

: aluna55ster@gmail.com y aluna_55@yahoo.com)