yarringtonEl abogado Diego Hernán Arévalo Pérez, representante legal del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, presentó una nueva denuncia penal, en está ocasión en contra de los ministerios públicos y fiscales que integraron la averiguación previa en contra del ex mandatario por lavado de dinero.

Esta nueva querella se suma a la que el mismo litigante presentó la semana pasada contra Marisela Morales Ibañez, ex titular de la PGR.

Yarrington y sus abogados acusan a la ex funcionaria y a los agentes ministeriales que en su momento integraron una averiguación previa en contra del del ex gobernador de Tamaulipas, que derivó en una orden de aprehensión en contra de dicho ex funcionario priísta que actualmente se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.

El delito que se imputa a Morales Ibañez y a los fiscales del caso Yarrington es la supuesta filtración de información y la manipulación de testigos colaboradores que en el Código Penal Federal está tipificado como delitos contra la administración de la justicia.

El abogado Arévalo Pérez sostuvo que “esta (nueva) querella es por delitos contra la administración de la justicia provocados por servidores públicos, y una más por la difusión de información reservada de la PGR, ya que es información que puede llevar a impactar a la gente que utilizo primeramente la información, tanto por parte de la institución como terceras personas ajenas”.

El defensor de Yarrington puntualizó que corresponde al Ministerio Público Federal deslindar responsabilidades ya que , refirió, estas fueron presentadas contra quién resulte responsable, aunque “si estamos mencionando dentro de la narración de hechos a la ex procuradora (Marisela Morales Ibañez)”, ya que ella dio a conocer públicamente que se libró una orden de aprehensión contra Yarrington, quebrantando con ello el sigilo de la investigación.

La semana pasada el mismo gobernador , tamaulipeco, por conducto de su abogado Arévalo Pérez, presentó una denuncia contra la ex titular e la PGR por los cateos que se realizaron en dos de sus domicilios, supuestamente sin que existieran las órdenes judiciales respectivas.