El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá buscar y dar a conocer el número, puesto y motivo por el que algunos de sus empleados han sido cesados, desglosado por año, de 2006 a septiembre de 2012.
Así lo resolvió y mandató por unanimidad el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) en respuesta a la solicitud de un particular, que pidió conocer estos datos.
En su primer respuesta, el INM señaló que únicamente ha sido cesada una persona que ocupaba el puesto de Director General Adjunto. Frente a ello, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el Ifai, alegando que existen diversas notas periodísticas que evidencian otros casos de “cese”, distinto al que se le proporcionó.
Entre los ejemplos que dio el particular, recordó que el 18 de octubre de 2011 se publicaron declaraciones del entonces titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien dijo que para combatir la corrupción en el INM habían sido cesados 200 trabajadores.
En sus alegatos, el Instituto indicó que existe un error en el marco conceptual de la recurrente, ya que no se trató de “ceses”, sino de bajas por “terminación de efectos de nombramiento”.
Sin embargo, a fin de favorecer el principio de máxima publicidad, proporcionó número y puesto de los servidores públicos a quienes les fue notificado la “terminación de efectos de nombramiento”, en el año 2011.
Del análisis de la normatividad aplicable, la comisionada ponente, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, concluyó que el INM debió pronunciarse sobre todos los casos de “cese”, sin hacer distinción entre los términos.
Señaló que, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los particulares no tienen la obligación de conocer las denominaciones precisas de lo que solicitan, especialmente si existen notas periodísticas y boletines de prensa oficiales que hacen referencia al “cese” de personal.
Incluso, apuntó, existe un boletín oficial del INM que da cuenta del “cese” de trabajadores de confianza y que tuvo como consecuencia la “terminación de los efectos del nombramiento”.
Aunado a ello, la comisionada Pérez-Jaén consideró que si bien el Instituto modificó su respuesta y proporcionó una relación de los servidores públicos “cesados” en el año de 2011, no se pronunció sobre los motivos de su remoción, y tampoco precisó si se presentaron casos en algún otro año del periodo señalado por el recurrente, es decir, de 2006 a septiembre de 2012.
Por lo tanto, propuso modificar la respuesta del INM e instruir una nueva búsqueda de la información solicitada, en todas las unidades administrativas competentes, a fin de proporcionar al recurrente los datos de su interés, desglosados por año, desde 2006 a septiembre de 2012.
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