La anterior administración de la Secretaría de Gobernación (Segob) reservó por 12 años sin justificación alguna la información sobre un contrato de más de 14 millones de pesos a la empresa LOB-RI para brindar “infraestructura de seguridad” a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.
El contrato fue firmado por la entonces titular de Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Omeheira López Reyna, y se adjudicó de manera directa sin opción a compra del equipo.
Fuentes consultadas informaron que el contrato tuvo una duración de un año, pero fue cancelado por “falta de calidad en los equipos”.
El contrato se incumplió por la mala calidad del equipo sin que la autoridad diera cuenta de las irregularidades. Los equipos debieron ser instalados, entre otros sitios, en centros de atención a migrantes de Tamaulipas y Oaxaca.
El equipo
La Unidad de Defensa de los Derechos Humanos solicitó 23 equipos de circuito cerrado de televisión Kit DR551; 11 alarmas GSM 2011; 3 equipos de sistema posicionamiento global nuevos, de última generación.
CCO Noticias "Corporación Comunicativa Ojeda" 