La bancada del PRI en el Senado presentó un paquete de iniciativas sobre el endeudamiento de estados y municipios, en el cual se establecen los principio generales sobre los cuales podrán contratar nueva deuda.
Para ello, se plantea la creación de la Ley de disciplina financiera para las entidades federativas y municipios, que considera un nuevo esquema de endeudamiento público, denominado Deuda estatal garantizada.
«Consideramos de suma importancia tomar medidas que ayuden a las entidades federativas y a los municipios a evitar problemas de solvencia financiera que repercutan en el bienestar y en el desarrollo del país», dijo el senador del PRI, Francisco Yunes, durante la presentación de la iniciativa.
De acuerdo con Yunes Zorrilla, «la deuda estatal garantizada es la deuda que va a tener como garantía al gobierno de la República, al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público».
Para acceder a la contratación de esta deuda, los estados y municipios deberán firmar un convenio con la dependencia.
Los estados sobreendeudados no podrán acceder al financiamiento si no sanean sus finanzas.
La deuda estatal garantizada tendrá dos límites importantes, según explicó el senador Manuel Cavazos Lerma. «La deuda total de estados y municipios, respecto al PIB nacional, no deberá exceder del 3 por ciento, actualmente es del 2.8 por ciento, o sea, se detiene el crecimiento de la deuda». Tampoco podrá rebasar el 75% de los ingresos disponibles de cada entidad.
«Y ustedes preguntarán qué pasa con aquellos estados que tienen más del 75 por ciento. Pues la ley reglamentaria establece un plazo para que en el primer año ajusten 25 %, en un segundo año otro 25% y en el tercer año regresan al orden y pueden ya acceder al instrumento que se llama deuda estatal garantizada.»
La iniciativa establece que los municipios deberán incorporarse en el convenio que firmen sus propios estados.
El documento fue enviado a comisiones para su dictaminación.
Hasta septiembre del año pasado la deuda de los estados y municipios sumaba 406,765 millones de pesos (31,632 millones de dólares), el doble del monto registrado al cierre del 2008, según datos de la Secretaría de Hacienda.
Ésta es la segunda iniciativa en los últimos meses que busca regular los movimientos financieros de las regiones.
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