Claudio X GonzalezLa asociación Mexicanos Primero interpuso una demanda de amparo para que se finquen responsabilidades contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretearía de la Función Pública y las secretarías de Educación de los 31 estados y del DF, por hacer caso omiso de los pagos ilegales con recursos educativos.

Entre ellos, el pago con recursos del erario a miles de maestros comisionados (que no dan clases y se dedican a labores sindicales).

Tan sólo en los resultados de la Auditoría Superior de la Federación del informe de la Cuenta Pública 2010, el organismo autónomo detectó tres mil 149 millones de pesos en pagos ilegales con recursos educativos; sin embargo no hubo sanciones ni resarcimiento de daños, por lo que también está demandada por la agrupación civil.

El objetivo del amparo es inhibir los pagos ilegales y conductas ilícitas en el manejo y aplicación de los recursos del fondo educativo, señaló Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, así como restituir el derecho humano a la educación, a través de que se cumpla con el destino eficaz y transparente del gasto público educativo.

En conferencia de prensa, dieron a conocer que la demanda de amparo se interpuso a las 21:40 horas del pasado lunes ante la juez segunda de distrito en materia administrativa en el DF, Ana Luisa Mendoza Vázquez, quien deberá admitir la demanda en los próximos días y en caso de no hacerlo, recurrirán a la Suprema Corte deJusticia de la Nación.

Claudio X. González detalló que este es el primer litigio estratégico al que los ciudadanos tienen derecho a usar para que se cumpla con lo que debería aplicarse, se corrijan las omisiones de las autoridades involucradas y se bloquee el derroche de miles de millones de pesos en malos manejos del dinero que debería ser para asegurar una educación de calidad a niños y jóvenes.

A su vez, Luis Manuel Pérez de Acha, socio fundador de Pérez de Acha Abogados, explicó que como argumentos para validar el amparo utilizaron los informes de las cuentas públicas de 2009 y 2010 elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, donde se muestran “amplísimas y descomunales irregularidades detectadas” y que no han tenido una consecuencia legal.

Comentó que tomó el caso porque el derecho a la educación de calidad es un interés legítimo y por tanto la sociedad civil puede recurrir a ese instrumento legal para que se finquen responsabilidades, sanciones, inhabilitaciones o resarcimiento de daños contra quienes han permitido que se violente ese derecho.

A pesar de que este litigio puede prolongarse hasta dos años, el abogado contratado por Mexicanos Primero dijo que confían en la sensibilidad del Poder Judicial, para que este amparo sirva para hacer valer la ley y no sólo quede reducido a una denuncia de los ciudadanos.

El presidente de la organización civil criticó que año tras año todas las autoridades sepan del desvío de recursos educativos y hasta la fecha se queden de brazos cruzados para evitarlo y sancionar a quienes lo permiten.

“Este gran fraude, a pesar de estar desenmascarado, se sigue cometiendo todos los días. Lo que es peor, amenaza con corromper lo más valioso que tenemos, nuestra juventud”, lamentó, al agregar que no se les puede exigir a los jóvenes honestidad y transparencia en un país donde la corrupción está enquistada en el sistema educativo.

David Calderón, director ejecutivo de la asociación, señaló que con ese amparo quieren exigir ante los tribunales “que se haga una asignación efectiva y una distribución equitativa de los fondos educativos y se castigue la ilegalidad patente”, afirmó.

SNTE defiende el pago

Luego de que Mexicanos Primero anunció la demanda de amparo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se defendió, señalando que el presidente de esa agrupación, Claudio X. González lo único que busca es descalificar el trabajo de los sindicatos y dañar la imagen de los maestros.

En un comunicado, el gremio que encabeza Elba Esther Gordillo aseveró que “en el fondo, lo que pretende es desprestigiar la educación pública, favoreciendo las escuelas privadas. Miente cuando dice que los comisionados están fuera de la ley y que suman 22 mil, como mintió cuando denunció en diciembre pasado el supuesto pago millonario a docentes”.

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que los comisionados sindicales son electos en sus congresos y atienden “múltiples labores educativas, laborales y administrativas en todo el país, y en ninguno de estos casos existe la posibilidad de incumplir la función asignada”.

Consideró que X. González es un empresario conservador enemigo de lo público. “Se le ha convertido en una obsesión su aspiración de debilitar a la organización sindical”.