El Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) aseguró que el expresidente Felipe Calderón encabezó una de las administraciones más violentas para la prensa, pues hubo en esos seis años 14 periodistas muertos y nueve desaparecidos.
Además de que «otros 27 periodistas fueron asesinados durante el mismo periodo».
En la presentación de su informe, el CPJ aún trata de determinar si los asesinatos estuvieron vinculados al ejercicio del periodismo.
El comité puso a México en el lugar octavo en un ranking de los 12 países con mayor impunidad en los asuntos de violencia contra periodistas, con al menos 15 casos sin resolver en los últimos diez años, según el Índice de Impunidad del Comité.
Además, de que las instalaciones de al menos seis medios mexicanos fueron atacadas durante el año pasado, incluido El Norte de Monterrey y El Mañana de Nuevo Laredo.
En el ranking se encuentran también Rusia, con ocho periodistas en paradero desconocido, República Democrática de Congo, Irak y Ruanda, con dos desaparecidos cada uno y Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Líbano, Siria, Sri Lanza, Ucrania, Kazajistán, Indonesia, Serbia, con uno, se encuentran detrás de México.
La CPJ criticó que en el último año en el país los periodistas fueron blanco de desapariciones y de amenazas por ejercer su profesión o se vieron obligados a huir de sus hogares, mientras que varios medios fueron atacados.
«Mientras las fuerzas armadas luchaban contra los carteles de la droga y los carteles se enfrentaban entre sí, la prensa fue objeto de violencia por parte de la delincuencia organizada y funcionarios corruptos que buscaban controlar el flujo informativo», difundió el CPJ.
Señaló que una de las «consecuencias más devastadoras de la violencia es el miedo e intimidación en el que los periodistas hacen su trabajo, lo que ha llevado a una censura rampante».
El coordinador para las Américas del CPJ, Carlos Lauria, fue el encargado de presentar el informe y anunció que planea visitar México en marzo.
Por otro lado, el CPJ reconció que durante la pasada administración se logró la «histórica» aprobación por parte del Congreso y los estados de una enmienda constitucional que federaliza los delitos contra la libertad de expresión.
Opinó que fue un paso clave «para combatir la corrupción y la impunidad en todas las jurisdicciones del país».
CCO Noticias "Corporación Comunicativa Ojeda" 