Sin castigo, ¿Prohijan impunidad?… Mientras la anterior directiva del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), al final de su pésima gestión presumió una y otra vez haberse gastado hasta el último peso de su presupuesto “en cumplir con su función: atender las necesidades básicas de las escuelas del país”; la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares denuncia que uno de cada dos planteles carece de agua, drenaje o energía eléctrica.
Más aún, al proseguir destapando la cloaca de corrupción del pasado mando en el Inifed que estuvo a cargo de Ernesto Velasco León, quizá sin habérselo planteado como objetivo, dicho estudio descubre también que en siete de cada 100 escuelas del territorio nacional, por supuesto públicas, faltan todos los servicios.
Y revela que sólo en el 49 por ciento de tales centros educativos se cuenta con la infraestructura mínima necesaria, para que los niños y los maestros puedan realizar sus actividades de aprendizaje y docencia, como es su derecho y su obligación.
Es el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el perredista Carol Antonio Altamirano quien pone alza la voz para reclamar: “si bien, es alarmante que no se garantice el acceso de agua potable en todas las escuelas del país, la inexistencia de un diagnóstico oportuno de la dimensión del problema hace imposible tomar las medidas necesarias”.
Bajo ese lamentable panorama del sector educativo, de origen altamente complicado por los últimos desencuentros entre el SNTE y el Gobierno de la República, el legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la SEP, a que presente un diagnóstico y el costo de un proyecto de inversión para que todas las escuelas del país tengan agua potable.
Esto con el objetivo de incluir en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial un conjunto de reactivos referente a las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de agua potable en las escuelas básicas.
Antonio Altamirano agregó que, según el IMSS en su estudio “Genética de la obesidad en infancia y la adolescencia”, una de las razones de la obesidad infantil en México es que los niños y jóvenes no consumen fibra, toman poca agua y su alimentación se fundamenta en la ingesta de alimentos ricos en grasa y proteínas, así como refrescos y bebidas azucaradas en abundancia.
“El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente, hay que dar gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil, garantizando el acceso de agua potable en todas las escuelas del país; de esta manera no sólo estaremos evitando la obesidad, preveremos infecciones por la ingesta de agua no apta para beber”.
En ese sentido, considera de enorme trascendencia la información que obtenga el primer Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, para conocer la infraestructura instalada, servicios, equipamiento y las condiciones de los inmuebles donde se imparte la educación básica; reporte que permita al final la elaboración de programas para infraestructura escolar en beneficio de la sociedad.
“Con un suministro constante y seguro de agua potable, se puede reducir la epidemia de sobrepeso y obesidad que hay en las escuelas del país, y alentar menor consumo de bebidas azucaradas”.
El documento precisa que el sobrepeso y la obesidad en niños entre cinco y once años en México aumentó en 40 por ciento entre 1999 y 2006.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en escolares de ambos sexos aumentó un tercio en ese lapso; el sexo masculino mostró los mayores aumentos en obesidad. Ahora, nadie puede negarlo, ya es en nuestro país un problema de salud…
Sobrepeso y obesidad, ¿Mal endémico?… Concebido así dicho problema por el senador panista Francisco Salvador López Brito, se ha ocupado de impulsar, desde la Comisión de Salud de la Cámara alta, se implementen nuevos controles impositivos al consumo de refrescos y aguas endulzadas en exceso, cuyos efectos inciden en el aumento de grasas y sobrepeso en quienes los consumen.
Es su asesor, el doctor Ramón Urquiza Barreras, quien comenta a éste reportero cómo se ha integrado una iniciativa para que se determine un aumento en el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS, en materia de refrescos), a partir de los estudios que les han permitido confirmar que cada botella de 600 ml de Coca cola contienen 60 gramos de azúcar, o endulzante.
El galeno, quien de origen presta sus servicios profesionales en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), explica que al colocar esos 60 gramos de azúcar en una botella de 600 mililitros de agua simple, se observa el exceso del dulce, y se advierten sus nefastos efectos en una persona; ya que su páncreas empieza a sobreproducir insulina.
La propuesta del senador López Brito, que ya cuenta con la firma de la mayoría de sus colegas integrantes de la Comisión de Salud, será presentada en breve para su dictamen final; aunque nadie duda de que los cabilderos de las empresas refresqueras hayan empezado a tratar de convencer a los legisladores que no tienen una posición social firme.
Vale anotar que otro de los problemas que han interesado al senador, uno de los políticos de la mejor cepa sinaloense, consiste en la forma de implementar que se imponga una cuota de 90 centavos por cada uno de los cigarros que integran una cajetilla (actualmente es de 70 centavos); en busca de proseguir la baja del tabaquismo en el país.
Contra todo. Contra viento y marea, vientos o marea originadas o impulsadas por cabilderos, o a partir de las presiones que deben enfrentar en toda oficina pública, sobre todo las de los representantes populares. Francisco Salvador López Brito está decidido a no quitar el dedo del renglón. La defensa de los indefensos es lo suyo. En esa tarea estamos también nosotros…
jarizmx@yahoo.com.mx y argonpolitico@gmail.com
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