Integrantes del Sistema de Justicia de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero -policía comunitaria- y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) llamaron a los legisladores a tener “prudencia” a la hora de legislar sobre la policía comunitaria y a respetar los derechos de los pueblos indígenas para evitar que la ciudadanía siga acorralada por el crimen organizada en algunas regiones del país.
En conferencia de prensa en el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro, Pablo Guzmán, coordinador regional de la CRAC, en San Luis Acatlán, Guerrero, señaló que la policía comunitaria en sus 17 años de vida ha logrado disminuir en un 90 por ciento el índice de delitos en las 108 comunidades que están incorporadas a este sistema de justicia.
Reiteró el deslinde de la CRAC, respecto a las brigadas de autodefensa surgidas en el municipio de Ayutla señalando que esa iniciativa no la condenan, no la justifican, pero sí la entienden, precisamente porque las autoridades no hicieron su trabajo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Arturo Campos, consejero regional de la Casa de Justicia en Paraíso, municipio de Ayutla, subrayó por su parte que los policías comunitarios, no van encapuchados, son elegidos por las propias comunidades, y a pregunta expresa sobre la posibilidad de que existan paramilitares en la región de Ayutla y que pudieran infiltrarse en la policía comunitaria, comentó “no dudamos que existan los paramilitares, no nada más en Guerrero, sino en otras partes de la república, por eso las autoridades ven a Ayutla como un foco rojo, sabemos que van a estar ahí pero no tenemos conocimientos de quiénes son”.
Mencionó que sin embargo, la propia forma de elegir a los policías comunitarios en la asamblea de cada pueblo, previene una posible infiltración. Respecto a las brigadas de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en Ayutla, dijo que no tienen fundamento para existir “más aún cuando el gobierno no hace su trabajo de garantizar justicia; si el gobierno hiciera su trabajo no tendríamos necesidad de organizarnos sin cobrar”, para combatir a la delincuencia.
Enfatizó que en Guerrero hay levantones, asesinatos, cobro de cuotas y el gobierno lo sabía y no actuó.

