Por: Javier Divany Bárcena
El “Quinazo” del sexenio. Enrique Peña Nieto se fue con todo contra la maestra Elba Esther Gordillo, lideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Procuraduría General de la República la detuvo en la ciudad de Toluca, en el Estado de México.
Sobre advertencia no hay engaño y desde las campañas de 2012 el candidato a la presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto, rompió con el magisterio.
Dos hombres de mano dura terminaron con la mujer más poderosa de los últimos cuatro sexenios, la cual estuvo arropara por Carlos Salinas de Gortari y aguantada por los presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y por Felipe Calderón Hinojosa a quienes mantuvo bajo su amenazante control de la base trabajadora de la educación.
Jesús Murillo Karam era el indicado para exterminarla de la grilla; Emilio Chauyffet, tenía la enmienda del presidente de actuar para salvar la educación del país. Ambos, cada uno por su lado, fueron la clave perfecta para terminar con el pez gordo del sexenio, la líder del magisterio del SNTE. Falta ver que van hacer con Carlos Romero Deschamps, otro que viaja en aviones y vive como rico.
El presidente de la mesa directiva el diputado Francisco Arroyo Vieyra apenas la había invitado en la mañana a Elba Esther Gordillo, para dialogar en la casa del pueblo, el Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre la reforma educativa.
Unas horas después se conoce de su detención y a pesar de que la invitación sigue abierta, el presidente de la Cámara, Francisco Arroyo Vieyra dice que la maestra ya no podrá asistir a la invitación. Además de que no se trata de un “Quinazo”, sino se aplicó el estado de Derecho. La riqueza de Elba era de dos mil 600 millones de pesos. ¿Producto de su trabajo? ¿Qué dicen los maestros a su riqueza, es justa?
Es la oportunidad del PRI para reivindicarse ante la ciudadanía, de hacer cumplir el estado de Derecho y poner a los líderes corruptos detrás de las rejas, los delincuentes de cuello blanco están en los sindicatos, en la política, en los empresarios, es momento de que México sea aquel país de la justicia. Con esta detención los mexicanos volvemos a soñar en un estado de Derecho.
Mirilla político.
Para aquellos que hicieron juicios a priori contra la diputada Cristal Tovar Aragón, secretaria de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, los puso al tanto de lo que será capaz de lograr por los jóvenes del país. Primero logró que el presupuesto para los jóvenes no fuera reducido para programas de salud, educación y becas para este sector, por el contrario lo aumentó en 4 mil millones de pesos.
A pesar de ir contra corriente con el PRI, PAN y PVEM, la diputada Crystal Tovar logró convencerlos y ante el Pleno de la Cámara se aprobó reformas a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para incluir al Instituto de las Mujeres con voz y voto, en su junta directiva.
En esta inclusión se va a beneficiar a 36 millones de jóvenes en todos el país en edades que van entre 12 y 29 años de edad.
Crystal Tovar logró convencer a los partidos PRI, PAN, PVEM, MC, PT Y NA y todos estuvieron de acuerdo en que los jóvenes hacen la fuerza en el país y es necesario incluirlo en todos los programas.
El dictamen de la Comisión de Juventud contiene cuatro iniciativas de reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que buscan hacer visibles las necesidades de las y los jóvenes como generadores de cambios y transformadores de esquemas.
Más de 36 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, que sólo esperan una oportunidad en el terreno laboral, educativo, social o cultural para desarrollar su potencial y hacer sus aportaciones. Los principales problemas que enfrentan la juventud, son la falta de oportunidades, la desigualdad y la discriminación.
Las modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que se presentan en el dictamen, implican ciertos avances en cuanto al derecho de los jóvenes para ser sujetos de las políticas públicas nacionales en condiciones de igualdad; otorgar facultades al instituto para promover el pleno respeto a sus derechos humanos y garantías constitucionales; ampliar el abanico de tareas del instituto para que pueda dar seguimiento a los programas municipales, estatales y federales en materia de juventud y para que promueva su inclusión en el mercado laboral, así como una nueva atribución para que el Programa Nacional de Juventud sea objeto de evaluaciones periódicas sobre sus efectos y resultados.
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