autodefensa1La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de urgente o obvia resolución para solicitar a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco, “redoblen esfuerzos para implementar acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil a que cesen en la realización de los operativos que vienen orquestando”.

La propuesta fue presentada por el grupo parlamentario del Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza, y respaldado por los legisladores del PRI y PAN, quienes con su voto consiguieron formar una mayoría, a pesar de las reticencias del PRD y del partido Movimiento Ciudadano.

Por estos, Ricardo Monreal, coordinador de MC, consideró riesgoso pretender disuadir a los grupos de autodefensa civil, mientras Teresa Mújica (PRD) consideró necesario estudiar a fondo el tema por que en gran cantidad de comunidades de diferente regiones del país los grupos de autodefensa son regulados por la sociedad, que autoriza su operación con objeto de defenderse de la delincuencia organizada.

Según la exposición de motivos presentada ayer, “la creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del estado de derecho”. Es decir, la proliferación de éstos, prohijada en el aumento de ausencia o incapacidad de las policías municipales, estatales y federales da como resultado que comunidades tomen en sus manos la acción de la justicia y el control armado de sus respectivas regiones”.

El documento refiere la existencia de alrededor de 36 grupos de autodefensa en 8 estados del país, “lo que representa un grave indicio de debilidad del Estado en zonas rurales donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras”.

La aparición, se insiste, de organizaciones armadas que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia, “obliga a poner atención en un fenómeno que puede agravar la situación de violencia imperante en muchos municipios.

“Sin duda detrás de la formación de grupos de autodefensa civil se encuentra, como problema principal, el abandono del estado mexicano y la pérdida de credibilidad en las autoridades gubernamentales. Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que el debilitamiento del estado de derecho da oportunidad al narcotráfico y al crimen organizado para manipular a las poblaciones a fin de proteger y promover sus intereses”.

Tales argumentos imperaron en la decisión de la mayoría de los legisladores del PRI y del PAN, y concluyeron aceptando que los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarían inevitablemente a la ciudadanía.

Por tal razón, “aun en las circunstancias de gran inseguridad que prevalecen en algunas zonas, no se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad”.

Tal aseveración se sustentó en que los grupos armados de autodefensa, justifican su actuar implementando juicios “extralegales” basados en usos y costumbres, y esas acciones -se insiste- ponen en cuestión no sólo al sistema de justicia sino también la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos de las personas detenidas por las organizaciones armadas.

Para Nueva Alianza, a través de su punto de acuerdo, al que se sumaron PRI y PAN es necesario exhortar “respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores del estado de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco a que redoblen esfuerzos para que implementen acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil a que cesen en la realización de los operativos que vienen orquestando.