DANIEL-MARTINEZSaltillo, Coah.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, repudió los hechos de violencia que le arrebataron la vida al fotoperiodista de VANGUARDIA Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, el pasado miércoles 24 de abril.

Añadió que en este caso particular, miembros de la CNDH se pusieron en contacto con la familia no sólo para expresar las condolencias, sino para ofrecer la ayuda necesaria.

A decir del actuar de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien en un comunicado emitido a pocas horas de haber encontrado los cuerpos mutilados de dos jóvenes, ligaba a las víctimas con un grupo de la delincuencia organizada por unos carteles hallados en la escena, señaló que no fue lo correcto.

“No debemos anticipar vísperas, sino que las conclusiones deriven de investigaciones profundas y claras. Pero que a los responsables se les detenga a sino todo queda en declaraciones”, expuso.

Apuntó que emitir este tipo de declaraciones es peligroso pues muchas veces la conclusión de la investigación, no concluye con lo anticipado.

A nivel federal, informó que del año 2000 a la fecha se han presentado 84 homicidios contra periodistas, mismos que dijo, no tienen justificación alguna, y en los cuales se debe buscar y llevar al responsable ante la justicia.

Plasencia Villanueva detalló que, de acuerdo con la reforma en competencia de la PGR, se podrán traer a la justicia federal los agravios en contra de periodistas cuando intervenga algún servidor público. Esto, con el objetivo de buscar justicia en un tema donde, señaló, ha imperado la impunidad.

“Las agresiones son doblemente graves”, precisó. Primero por la agresión misma, y segundo por la impunidad. Esto último se origina debido a múltiples factores como lo es la falta de investigación y falta de atribuciones de las autoridades.

Un acto importante en este contexto que señaló el titular de la CNDH es que la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados es la aprobación de una reforma a la ley de este organismo defensor, para que luego de que os funcionarios que no acaten alguna recomendación emitida, puedan ser llamados a comparecer, puedan ser denunciados penalmente o buen llamados a juicio político.

Por su parte, el encargado del despacho del presidente de la comisión de derechos humanos en Coahuila, Federico Garza Ramos, señaló que son las autoridades quienes deben llevar a cabo las investigaciones, pero que el organismo local no puede hacer un pronunciamiento, ya que al tratarse de un crimen que no fue cometido por alguna autoridad competente, no tiene facultad para intervenir.

Ello, a pesar de que las víctimas fueron ligadas al un grupo delictivo por parte de la PGJE, sin que se hubieran llevado a cabalidad las investigaciones correspondientes.