javier-divanyPor: Javier Divany Bárcenas

Ya se dio otro paso complemento de la Reforma Educativa y la semana pasada el Senado de la República dio a conocer la lista de quienes ocuparán el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), integrantes de la Junta de Gobierno, Margarita María Zorrilla Fierro y Eduardo Backhoff Escudero, quienes estarán en el cargo por un periodo de cinco años; Teresa Bracho González y Gilberto Ramón Guevara Niebla por un lapso de seis años; y Sylvia Irene Schmelkes del Valle estará por siete años.

Estos nombramientos fue bien visto por el diputado secretario Miguel Ángel Aguayo López del PRI, quien dijo que los obstáculos que algunos han intentado poner a la Reforma Educativa serán superados porque México no merece quedarse estancado en la indolencia y el conflicto.

Aún falta la reforma secundaria que habrá de sacar la Cámara de Diputados, y que será seguramente a partir de septiembre cuando comencé el segundo año legislativo de la LXII Legislatura.

Mientras tanto, habrá que esperar a ver cómo se resuelve el conflicto en el estado de Guerrero, en donde los maestros de la Coordinadora Educación mantienen en jaque a las autoridades tanto federales como de la entidad y en donde han realizado desmanes tanto en el congreso local como en inmuebles de los partidos políticos, hechos violentos reprobables.

Seguramente son a esos los inconformes a los que se refiere el diputado Miguel Ángel Aguayo del PRI, que impiden que la reforma llegue a todo el país para que se dé el cambio educativo.

Mirilla política

Sustito que se llevaron los dueños del restaurante Máximo Bistrot en esta ciudad de México, ante la negligencia de una junior, de nombre Andrea Benítez, hija del Procurador Federal del Consumidor (Profeco), Humberto Benítez Treviño, quien se dio el lujo de clausurar el lugar sólo porque no le dieron la mesa que ella quería. ¿En manos de quién estamos?

Qué hubieran podido hacer los dueños del restaurante ante el poder de un hombre como lo es Humberto Benítez Treviño, quien es de los más cercanos a Enrique Peña Nieto, ha sido procurador General de la República y diputado federal.

Sólo imaginémonos que alguien llegue a un restaurante y porque no le den el lugar que quiere amenace a los dueños y les diga “mi padre es el procurador del Federal del Consumidor y les voy a clausurar, ahorita mismo” y que luego lleguen un grupo de gorilas para amenazar en poner sellos de clausura ante la orden que diera la hija de un funcionario federal.

¿Qué autoridad tiene Andrea Benítez como para mandar a clausurar lo que le venga en gana sólo por ser hija del titular de la Profeco? Pero así son todos los junior hijos de altos funcionarios, secretarios de Estado, de procuradores y de policías, abogados, jueces, diputados, de gobernadores y presidentes municipales y todos los que usted quiera sumar e imaginar.

Ambos, (padre e hija Benítez) ofrecieron disculpas, ante las redes sociales y ante la sociedad, que no es suficiente. La niña consentida debe retirarse de la función pública de por vida, es un peligro para la sociedad. Si así se aprovecha del poder de su padre imagínese si ella llegara a ser procuradora de la República. ¡Sálvese quien pueda!

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