DINEROEl auditor Superior de la Federación, Manuel Portal Martínez, señaló que la adquisición de deuda pública, principalmente de estados y municipios, debe tener como condición un uso de recursos responsable, bajo estricta supervisión de los órganos de control.

El auditor recibió un documento que contiene siete recomendaciones de carácter general sobre la revisión de la Cuenta Pública de 2011, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, entre las que se encuentran el fortalecimiento de la fiscalización de los programas sociales.

En la entrega de ese documento, Portal Martínez señaló que en el ámbito de las finanzas públicas hay una comprensible preocupación de los legisladores.

El contador público certificado recalcó que para sus decisiones deben tomar en cuenta factores que incluyan los riegos de determinadas operaciones y la vulnerabilidad en que pueden colocar al sistema en su conjunto o la sustentabilidad de determinadas propuestas.

Reconoció sin embargo que esa situación no es privativa del orden federal, pues en los tres niveles se han registrado series carencias en cuanto a la capacidad de mantener finanzas viables, sanas y que no constituyen una carga para las generaciones futuras.

Citó como un ejemplo de esa situación la deuda pública de algunas entidades federativas, y destacó que es una herramienta válida de la que puede hacer uso la administración para complementar sus disponibilidades y cumplir con planes y programas en beneficio de la sociedad.

«Sin embargo, implica como condición que el uso de dicho recursos sea responsable, técnicamente sólido y bajo estricta supervisión de los órganos de control correspondiente», enfatizó.

Por ello, recalcó que la fiscalización de la deuda de los tres niveles de gobierno «debe reforzarse, coordinarse y sistematizarse adecuadamente», y en este contexto el Sistema Nacional de Fiscalización, que está en construcción, adquiere especial relevancia.

El funcionario reconoció que en la ASF están conscientes de la existencia de una serie de estructuras superpuestas y desfasadas que han obstaculizado una cobertura eficiente de la totalidad del ejercicio de los recursos públicos.

También destacó la imperativa necesidad de crear los nexos y la coordinación necesarias entre la fiscalización superior y los distintos órganos internos de control para alcanzar una mejor supervisión de los recursos públicos.

«Reconocemos asimismo las diferencias fácticas en cuanto al nivel de desarrollo y grado de institucionalidad que presentan las instancias administrativas en las diferentes regiones del país, así como la carencia de conocimientos técnicos o aplicación de normas coherentes y homogéneas», dijo.

Portal Martínez confió en que con dicho sistema se puedan reducir considerablemente estas brechas, reforzar las capacidades técnicas y armonizar la licitación aplicable en los tres niveles de gobierno, sin violentar la autonomía estatal, la división de poderes y los mandatos correspondientes.