jaime arizmendi

Avanza en Comisión de Diputados Control a Deuda de Estados

Argonmexico / Cuando se es líder, el consenso es lo de siempre… Amplían y enriquecen el Pacto por México. Mientras agregan el crear una Comisión Nacional que vigile las elecciones, Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad a ser testigos e interventores permanentes de los compromisos que se suscriben “para que nadie lucre y saque provecho”; la Secretaría de Hacienda invita a la presentación este miércoles de la Iniciativa de Reforma Financiera, que impulsan el Presidente de la República y los firmantes del mecanismo.

En Palacio Nacional, al firmar este martes un Adéndum al Pacto por México, el Mandatario sostuvo que su gobierno vigilará que los programas de combate a la pobreza sean usados para el fin que fueron creados, cuyos beneficios lleguen a quienes más los necesitan sin condicionamientos; porque esta “lucha contra el hambre no debe confundirse con la lucha electoral”.

Ante los presidentes nacionales del PAN, Gustavo Madero; PRD, Jesús Zambrano; y PRI, César Camacho quienes en su intervención coincidieron en ello; Peña Nieto reconoció la voluntad conciliadora de los partidos políticos y que con este acto “demostramos que nos anima el propósito de dar prioridad al bienestar nacional por encima de intereses partidistas o electorales”.

De su lado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro la Comisión de Puntos Constitucionales recibió para su análisis la iniciativa de reforma constitucional que le fue turnada por la Mesa Directiva, en torno a la regulación de la deuda de estados y municipios, suscrita por diputados de los siete grupos parlamentarios; antes preparada y dictaminada por los senadores sin derecho a ello.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refieren que entre el año 2000 y junio de 2012, la deuda de estados y municipios aumentó al doble de sus ingresos, lo cual los puso en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó por la falta de liquidez ante sus proveedores.

La propuesta concluye que en estos últimos 12 años la deuda de estados y municipios creció por arriba de 130 puntos porcentuales. “Más del 50 por ciento de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozca con detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que justificaron su contratación.

Bajo esa perspectiva, el documento remitido a dicha Comisión durante la última plenaria, recoge en su esencia e integralidad los diversos proyectos presentados en el Congreso de la Unión; y resalta que el legislar en materia de sobreempréstitos, contribuciones o impuestos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Precisa que la Cámara baja tiene la facultad de conocer, y en su caso, objetar, a través de la comisión legislativa competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados y, transcurrido ese tiempo, si no hay pronunciamiento alguno, inclusive durante los recesos del Congreso, las estrategias se considerarán no objetadas.

Señala que de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, la Cámara de Diputados deberá ser informada de la estrategia del ajuste; y que se hará una fiscalización posterior a los ingresos, egresos y deuda contraída; como a las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos y al manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

Además, plantea fiscalizar los recursos federales que administren o ejerzan los estados, municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. Los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sólo cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura.

Para esto último, los Congresos locales deberán autorizar los montos máximos con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o establecimiento de la fuente de pago; y para sus necesidades de corto plazo, podrán contratar obligaciones sin rebasar los límites máximos y condiciones que fije la ley; pero deben ser liquidados a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno respectivo, sin poder contratar nuevas obligaciones durante ese lapso.

La propuesta busca reformar y adicionar los artículos 25, 74, 79,108, 116, y 117 de la Constitución, al retomar parte del contenido de la minuta aprobada por el Senado de la República en abril pasado. Y considera como una reforma impostergable a la disciplina financiera de estados y municipios.

En artículos transitorios se plantea que las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo Federal un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales; información que será remitida a la Cámara de Diputados en máximo 60 días naturales posteriores.

La iniciativa reconoce que en los últimos años ha sido evidente que los recursos que recauda y distribuye el gobierno federal, así como los que generan los estados y municipios, no son suficientes para atender las necesidades de la población, por lo que los gobiernos locales han tenido que hacer uso del endeudamiento.

Dicha deuda ha crecido en los últimos años y lleva a un urgente replanteamiento sobre el manejo responsable de las finanzas públicas. “Sobre todo, porque el uso incorrecto de los recursos mina la posibilidad de un futuro con crecimiento y desarrollo para las entidades y municipios”; cuando han abusado del endeudamiento con obras “políticamente rentables, dejando la responsabilidad del pago a las siguientes administraciones”.

Ello ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios, sobre todo cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios que el gobierno está obligado a proporcionar. Como en el Pacto, si todos están de acuerdo, no hay tiempo que perder…

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