Tras recibir los oficios de 19 Congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto que reforma los párrafos primero y último del Artículo 25 así como primero y tercero del apartado A del Artículo 26 Constitucional en materia de Competitividad. La remitió para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Los 19 Congresos estatales que aprobaron la reforma constitucional son de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
Diputados y senadores de las diversas fuerzas políticas reconocieron la necesidad y urgencia de que el Congreso impulse las leyes secundarias pertinentes, a fin de que se cumpla el precepto de competitividad que requiere el país y también las legislaciones complementarias a las reformas constitucionales en materia de Educación y Telecomunicaciones.
En la tribuna, el senador perredista Armando Ríos Piter consideró que al reconocerse constitucionalmente que la competitividad debe ser un principio que rija a la economía, es necesario reflexionar sobre el tipo de debate que se da en el Congreso.
Al referirse a la concentración en 7 bancos del 80% de la actividad financiera, cuestionó que «se incluye el concepto de competitividad, pero qué tanto estamos dispuestos a salirnos de la lógica de instituciones extractivas que predominan en el país; de instituciones de compadrazgo, de ayuda a unos cuantos amigos y pasar a lo que verdaderamente requiere este país».
Y el senador panista Héctor Larios Córdoba manifestó la pertinencia de reflexionar sobre los logros de reformas en materia laboral, educativa y económica, pero dijo que no han aterrizado en leyes secundarias.
«El Congreso tiene la grave tentación de quedarse en reformas constitucionales y no aterrizarlas en los instrumentos jurídicos necesarios para lograr realmente alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo».
En este mismo caso se encuentra el decreto en materia de competitividad donde «en realidad modificamos la Constitución, formalizamos el acto de promulgación de la reforma constitucional al Artículo 25, pero no por ello, va a cambiar la realidad del país. Esto será sólo si hay cambios en la industria petrolera que permita la inversión».
El diputado priísta Alberto Rodríguez Calderón manifestó que existe un amplio consenso entre las fuerzas políticas y actores sociales sobre la necesidad impostergable de promover procesos tendientes a la transformación de la participación del Estado en la economía nacional a fin de que México se integre a la dinámica de la fuerte competencia de los mercados globales y de esta forma ampliar el empleo así como los ingresos de los trabajadores y puedan alcanzar estándares de vida dignos y decorosos.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, consideró que nada va a cambiar. «México sigue postrado a un proyecto neoliberal, desnacionalizador y entreguista». Vaticinó que proseguirán las movilizaciones de inconformidad contra las mayorías mecánicas en el Congreso que se oponen al interés de la nación.

