César Nava, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que hasta el momento no ha recibido notificación o citatorio para que se presente a declarar a una corte de Estados Unidos, en relación al escándalo de corrupción en Pemex en el que está involucrado.
Como se recordará, la paraestatal acusó a Nava, su director jurídico de 2001 a 2003, de participar presuntamente en una conspiración criminal de las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a la petrolera durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.
En entrevista aseguró que en caso de ser requerido por la corte estadounidense acudirá para aclarar que es inocente.
El panista, quien fue secretario particular de Felipe Calderón en los dos primeros años de su sexenio, externó que declarar falsamente ante un juez también es un delito y que quienes lo acusan tanto en México como en Estados Unidos deberán demostrar sus afirmaciones o de lo contrario pagarán las consecuencias penales que el delito amerite.
Incluso, consideró que la demanda se ha politizado por la proximidad de las elecciones en 14 entidades del país y aunque no se atrevió a decir nombres de quienes sospecha han hecho este manejo, aseguró que en su momento se sabrá.
Se acusó que Nava ordenó que Pemex no cobrara dos cartas de crédito por 102.8 millones de dólares, lo cual el panista negó rotundamente.
«Se me pretende imputar algo que no era de mi competencia, no era de mi esfera de facultades en el área jurídica», señaló.
Aseguró que de ninguna manera actuó en perjuicio de la paraestatal y que por ello él puede hacerse cargo de sus actos, no de otros, como en este caso se le quieren atribuir.
«Yo estoy muy tranquilo y aunque no he sido notificado de ninguna demanda formalmente he tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación y encuentro serias inconsistencias que claramente demuestran lo absurdo de la acusación», indicó.
Nava destacó que entre las anomalías en las acusaciones ve, en primer lugar, las fechas, ya que se pretende construir una supuesta conspiración a partir de unos aparentes pagos que se habrían hecho en 2004 por alguna empresa a funcionarios de Pemex, cuando él ya no estaba en la paraestatal, pues fungió como su abogado general del 2001 al 2003 y para 2004 ya se encontraba haciendo una maestría.

