Por: Javier Divany Bárcenas
Era de esperarse, y ya estábamos advertidos los mexicanos, que una vez que entraran los casinos en operación en México, las redes delincuenciales del crimen organizado iban a comenzar a operar, se iba a salir de control (como todo lo que sucede en el país) el funcionamiento de los mismos y después nadie los iba a parar.
Las reglas no han sido claras hasta el momento por parte de la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, tampoco lo fue en su momento el gobierno de Vicente Fox Quezada y mucho menos el de Felipe Calderón, por el contrario en este último se dieron las mayores acciones de corrupción, y nunca se legisló a conciencia para poner orden desde el principio.
Hoy operan en el país cerca de 400 casinos, con sólo más de 30 concesiones y de las cuales se puede llegar hasta 700. ¿Cómo es esto? Que de 30 permisos operen cuatro centenares de establecimientos llamados casinos. Por la magia de nuestras leyes.
Los estados con mayor número de casinos es Baja California con 42, le sigue el Distrito Federal con 37, luego, luego Nuevo León con 34, Jalisco con 30, estado de México con 28, Veracruz con 17, Guanajuato con 14 y el resto de los estados menos de 11, con excepción de Zacatecas, Tlaxcala y Oaxaca.
La Comisión Especial de Casinos de la Cámara de Diputados, a Ricardo Mejía, trata de aclarar la serie de actos de corrupción que se registraron durante el gobierno de Calderón, a lo que la Segob contestó que el problema no es tan grande y que no hay desorden.
Pero lejos de llamar a comparecer a cuatro de los ex funcionarios acusados de corrupción, Obdulio Ávila Mayo, subsecretario; Araceli Barroso, directora general adjunta de juego y sorteos; Carlos Armando Reynoso Nuño, titular de la unidad de gobernación y José Epigmenio Zermeño Radilla, director general Adjunto de Juegos y Sorteos, deberían llamar a los dos secretarios de gobernación (que aún viven), Francisco Ramírez Acuña y a Francisco Gómez-Mont Urueta, quienes dieron las órdenes, para que comparezcan ante los diputados o la autoridad judicial. O ¿Qué a ellos nadie los va a llamar a comparecer?
¡Debería ser ellos!, pues eran los que daban las órdenes, negociaban las cantidades para que dieran el “palomaso” de los permisos y finalmente quienes se hincharon de tantas emociones por tener casinos en México.
Mirilla política
Los verdaderos amigos del jefe de gobierno de la ciudad Miguel Ángel Mancera, emitieron un SOS para que se ponga las pilas y no vaya ser sorprendido por unos cuantos trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, encabezados por Juan Ayala, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), quien pretende crear la Sección 41 con cargo al erario.
Y es que la información ya corrió como pólvora en la Procu del DF y en el gobierno central, que seguramente ya conocen los operadores políticos del mandatario capitalino (Miguel Ángel Mancera), a quien no le están cuidando la espalda.
El líder sindical Juan Ayala, ya tiene muy avanzado los trabajos para la conformación de la Sección 41 del SUTGDF, organismo descentralizado del gobierno.
Como se dice popularmente, lo más gacho, es que hasta ahora ninguno de los colaboradores del jefe capitalino, tanto de la PGJDF, como del gobierno de la ciudad, le han dado el pitazo.
Las prestaciones que tiene el SUTGDF son muy elevadas y la Procuraduría, no estaría en condiciones de soportar el peso económico de la nueva Sección 41.
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