Al participar con integrantes de diversas organizaciones defensoras de migrantes, la diputada del PRD Amalia García Medina calificó como inaceptable la criminalización de los migrantes que cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad económica y de vida.
“La forma de atender a la migración es generando desarrollo y no con políticas persecutorias y policiacas; por el contrario, es generando alternativas económicas y de desarrollo en los lugares de origen de los migrantes”.
La también presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados señaló que en vez de destinar miles de millones de dólares a tratar de impedir llegar a los migrantes a EU, dichos recursos deben servir para ofrecer alternativas de desarrollo.
Durante la presentación del estudio “Dignidad sin excepción: alternativas a la detención migratoria en México”, que organizó la oficina regional en México de la International Detention Coalition y la organización “Sin Fronteras”, dijo que es necesario crear un Protocolo de Atención a Migrantes.
Consideró que dicho protocolo debe explicar paso a paso el trato a los migrantes: cómo se debe atender a las mujeres embarazadas, a niñas y niños, a adultos mayores y a quienes presentan algún problema de salud, así como informar de las condiciones físicas de las estaciones de migración.
También calificó como ilegal que se arraigue a los migrantes cuando no ha habido un juicio de por medio, “situación que lamentablemente en México es común”, violando con esto sus derechos humanos.
“El migrar no debe significar la pérdida de derechos, siendo el más relevante el derecho a la libertad”, apuntó la diputada perredista, y recordó que en el pasado periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, se limitó la figura del “arraigo”, misma situación que consideró se debe observar hacia los migrantes cuando no han tenido un procedimiento judicial previo que garantice sus derechos.
Durante el encuentro, Elba Coria de la IDC destacó que su organización ha encontrado ventanas de oportunidad de desarrollo e implementación de alternativas a la detención de migrantes en territorio mexicano, y afirmó que en la década pasada este procedimiento fue una acción regular de las autoridades migratorias. Dijo que en México, la “privación de la libertad se practica sin ninguna valoración que justifique plenamente su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, lo que ha dado lugar a que miles de personas migrantes y solicitantes de asilo sean objeto de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos en las estaciones migratorias”.
Por su parte, Jennifer Podkul, integrante de Womens’s Refugee Commission explicó que existe una gran cantidad de alternativas a la detención migratoria como el uso de pulseras electrónicas, asesoría de abogados para conozcan sus derechos en México, cómo regresar a sus países de origen y contar con lugares especiales de atención.
En tanto, Omar de la Torre de la Mora, titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, dijo que es necesario que el gobierno y las organizaciones sociales trabajen de manera coordinada a fin de encontrar alternativas de detención de los migrantes que no les afecte física y mentalmente, ya que muchos de ellos están en estaciones de migración hasta 21 días en promedio.
En su oportunidad, Álvaro Botero, relator sobre trabajadores migratorios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, dijo que si bien la detención de los migrantes debe ser una medida excepcional, en México se ha utilizado como una medida disuasoria que es violatoria de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Sonja Wolf del Instituto para la Seguridad y la Democracia, relató que en EU, diversas organizaciones están practicando diversas medidas de apoyo a los migrantes, particularmente de organizaciones religiosas como la iglesia Luterana que ha creado casas donde se les brinda alimentos, ropa y atención médica, en tanto muestran que su estancia es legal.
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