Mucho se ha hablado sobre la crisis por la que está pasando la juventud en el mundo. La falta de oportunidades para estudiar, así como los múltiples obstáculos que enfrentan los jóvenes para incorporarse al mercado laboral, están generando una enorme frustración que se ha traducido en airadas protestas en distintos países, México no es la excepción.
De acuerdo con cifras del Inegi, en nuestro país el 32.2% de la población tiene entre 12 y 29 años de edad. Más de 35 millones de mexicanos son jóvenes y una gran parte de este grupo de la población no encuentra las oportunidades mínimas para progresar.
Las cifras que proporciona la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 son preocupantes. La tasa de desempleo del sector juvenil asciende a 8.7%, cifra que contrasta con la tasa de desempleo entre adultos de 30 años y más, que es del 3.7%.
El artículo primero de nuestra Carta Magna prohíbe toda práctica que vulnere la dignidad humana, consagrando a nivel constitucional el derecho a la NO discriminación. Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene por objeto erradicar las prácticas discriminatorias.
En el capítulo tercero de dicha ley se establecen medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades. Ahí encontramos disposiciones encaminadas a atender a las mujeres, niñas y niños, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad e indígenas; sin embargo esta ley es omisa respecto a la juventud.
Es fundamental que el Estado mexicano tome cartas en el asunto. La creciente discriminación hacia los jóvenes es una realidad que hay que reconocer para diseñar políticas públicas que permitan el desarrollo de este importante sector de la población.
Sería un gran paso que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación incorporara a la juventud como un grupo que sufre discriminación y así instrumentar acciones positivas que reivindiquen a los jóvenes mexicanos.
De lo contrario, seguiremos sazonando el caldo de cultivo de la anarquía y los movimientos sociales radicales que no transitan por la institucionalidad.
PUNTO FINAL. ¿Quién le explicó a los tijuanenses qué es el apagón analógico? ¿A poco se les olvidó que se llevaría a cabo en pleno proceso electoral?
El programa piloto que implementó la Cofetel en Tijuana para suspender la televisión analógica y sustituirla por televisión digital, resultó en una deficiente planeación y coordinación entre autoridades, quienes no previeron el descontento de más de 14 mil tijuanenses que se quedaron sin señal abierta, precisamente en el transcurso de las campañas políticas en aquella ciudad.
Ante esto la SCT, por instrucciones del presidente Peña, solicitó que Cofetel suspenda el “apagón” de manera temporal, al menos hasta pasar las elecciones.
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fuente: La Razón
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