amparoEl juez federal Carlos Alfredo Soto Morales, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, desechó las demandas de amparo presentadas por maestros contra la reforma educativa promovida por el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, alegando que “las modificaciones o adiciones que se hagan a la Constitución Federal no pueden ser combatidas por los ciudadanos mediante el juicio de amparo”.

A través de un comunicado, el juez explicó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe una jurisprudencia obligatoria, la cual establece que “los jueces no pueden revisar el procedimiento de reforma constitucional”.

“Esa jurisprudencia es obligatoria para este Juzgado Federal y, por lo tanto, se encuentra constreñido a acatarla”, precisó Soto Morales.

Asimismo, el juez determinó la reforma educativa propuesta por el Gobierno todavía no agravia a los maestros, “en virtud de que aún falta que se emitan o adecuen las normas para regular” dicha reforma.

“Asimismo -añadió Soto Morales-, los maestros no verán afectados sus derechos laborales hasta en tanto no participen en algún concurso de oposición o, en su defecto, sean evaluados de manera obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el citado servicio profesional. Será hasta entonces, cuando exista un acto de aplicación que incida en sus derechos fundamentales, en que podrán acudir al juicio de amparo”.

Promueven juicios de amparo

Cabe recordar que el pasado 21 de abril más de 200 mil profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), solicitaron la protección del Poder Judicial de la Federación para que no entre en vigor la reforma educativa.

Según datos del Consejo de la Judicatura Federal se han recibido mil 200 solicitudes grupales e individuales, en las cuales se han aglutinado los más de 200 mil mentores que habían promovido juicios de amparo hasta el pasado 14 de abril, un día antes de que se cerrara el plazo legal para interponerlos.

fuente: animal político