En una tarde de octubre de 2009, un hombre de Dallas llegó a un puesto de control carretero aproximadamente a una hora al norte de la frontera entre México y Estados Unidos. Dentro del tanque de gasolina de su camioneta tipo pickup, los agentes hallaron 44,91 kilogramos (99 libras) de marihuana.
Cuando la Patrulla Fronteriza contactó al Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), la agencia indicó no estar interesada porque el decomiso no era lo suficientemente importante. Por lo que el sospechoso de 32 años fue enviado a la Policía local y se declaró culpable de posesión de drogas en una corte del estado. Su sentencia fue suspendida y pagó una multa.
Si el mismo incidente sucediera hoy en el puesto de control al sur de Falfurrias, el hombre perdería la droga pero probablemente ni siquiera enfrentaría cargos.
Desde el tercer trimestre de 2010, los fiscales del diminuto condado de Brooks, de 7.223 habitantes, se han negado a hacerse cargo de tal tipo de casos por una disputa de deuda con el Departamento de Justicia que involucra un prolongado programa que reembolsa a los fiscales de estados fronterizos por los gastos de perseguir a quienes cometen delitos relacionados con drogas.
Otros condados fronterizos están furiosos porque el gobierno ha propuesto eliminar los reembolsos.
Fiscales de Texas a California temen que la falta de fondos federales permitirá que muchos sospechosos en casos de drogas queden en libertad.
La intención del programa de reembolsos era permitir que los fiscales locales ayudaran a las autoridades federales a perseguir a presuntos delincuentes sin que sus oficinas se vieran afectadas económicamente.
Armando Barrera, ex fiscal del condado de Brooks que fue el primero en dejar de aceptar los casos interrogó una vez al fiscal federal a cargo de la oficina del gobierno en Corpus Christi acerca de los casos que antes tomaba.
«Le pregunté, ‘¿qué harán ustedes con los casos de los retenes?’, y él dijo, ‘los dejamos en libertad»’, recordó Barrera.
fuente: AP

