Javier Divany Bárcenas

¿A qué temen?, ¿Qué esconden?, ¿Por qué no quieren dar a conocer sus estados patrimoniales?
Es increíble que nuestros impartidores de justicia, gobernantes y legisladores estén renuentes a dar a conocer públicamente su situación patrimonial y que respaldados por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la impunidad, la claridad y el ejemplo de responsabilidad se esfuman para que la sociedad sea testigo de buenas acciones.

Y es que los ministros de la Corte no aceptaron transparentar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos como el del Presidente de la república, diputados, senadores y de representantes del Poder Judicial Federal.
La votación fue seis a cinco, suficientes para echar atrás el proyecto de sentencia elaborado por el ministro José Ramón Cossío, quien proponía declarar inconstitucional tener que pedir consentimiento del funcionario para hacer pública su declaración patrimonial.

¡Se imagina! Que habría que p-e-d-i-r-l-e permiso a un representante del pueblo para que sea transparente, ¿en lugar de que sea obligado?

Esta discusión deriva del amparo promovido por la organización Fundar, quién solicitó a la Auditoría Superior de la Federación la situación patrimonial de los 500 diputados de la legislatura anterior.

El argumento de la SCJN es proteger los datos personales y sensibles de todos estos funcionarios, quienes votaron a favor de que no se transparenten, pues argumentaron que se trata, incluso, de un asunto de seguridad.

Solo cheque lo que dijo la ministra Margarita Luna Ramos, en una de las sesiones «el hecho de ser servidor público no nos priva del derecho a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y un derecho fundamental establecido en la Constitución, es el respeto irrestricto a los datos personales”. ¡Ahora entiende porque no podremos conocer sobre el estado patrimonial de los diputados, senadores y del presidente!

Y el ministro presidente Juan Silva Meza dijo «la protección de la privacidad de los datos de un servidor público debe ceder racionalmente, ponderadamente, frente al interés público, con mayor razón, cuando esa información se relaciona fundamentalmente con la función democrática de control de la gestión pública y de prevención y exposición de actos de corrupción, que puede ejercerse por la sociedad».

Sin duda que podremos ver como siguen creciendo el número de ricos de la noche a la mañana sin poder ser auditados, como todos esos gobernadores, jueces, presidentes municipales, pero sobre todo diputados y senadores federales, quienes saben que no podrán ser obligados a dar a conocer su estado patrimonial.

Mirilla política

¿Cuántos meses más deben esperar los mexiquenses para que opere el Mexibus en la vía José López Portillo? Parece que nunca van a terminar.

No menos de un accidente diario se registra sobre ésta vía primara que cruza desde la autopista libre Texcoco hasta Lechería, y que pasa por los municipios de Ecatepec, Coacalco y Tultitlán, todo por la falta de señalización, por estar mal colocada, falta de iluminación en las zonas de riesgo y por la irresponsabilidad de la empresa constructora de los paraderos y dos puentes que se construyen por esta arteria vial.

La responsabilidad es totalmente del Estado que gobierna Eruviel Ávila, toda vez que el gobernador no exige a los responsables de la construcción proveer de señalizaciones luminosas. Las lluvias complicarán más esta arteria y provocarán más accidentes.

Son ya varios años en que los habitantes de estos municipios, y todos los automovilistas que circulan por esta avenida López Portillo se ven afectados, obra que quedó inconclusa desde que gobernaba Enrique Peña Nieto y que su sucesor, Eruviel Ávila no ha podido concluir. Y ¡ya ni decir de lo horripilante que está la obra!

divanybz@yahoo.com.mx
divanybz@gmail.com
@javierdivanybz