La noche de este martes fracasaron los esfuerzos por llegar a un acuerdo político y salir de la pugna entre bandos del grupo parlamentario del PAN en el Senado.
Pese a que por la tarde se reveló que los senadores José María Martínez y Roberto Gil serían los negociadores de un acuerdo de civilidad para crear las bases mínimas de unidad entre los senadores del PAN, los acuerdos naufragaron.
Ninguna de las partes, ni los maderistas encabezados por el coordinador Jorge Luis Preciado, ni los calderonistas liderados por el senador Ernesto Cordero, cedió en su posición.
Martínez afirmó que el coordinador es el líder por ley, que no existe la reforma al Estatuto del Grupo Parlamentario del PAN y que hubo una ilegalidad en el proceso de la reforma. Gil no cedió, advirtió que el cambio al estatuto fue apegado a la ley y que la mayoría en una bancada debe de mandar.
Las negociaciones se rompieron y se espera un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, instancia que tendría la facultad de impugnar la reforma al estatuto al considerarla contraria a los reglamentos del partido.
Los roces entre Jorge Luis Preciado y Ernesto Cordero se enfatizaron el lunes y llegaron a la Gaceta del Senado, donde se publicó un oficio mediante el cual Preciado le escribe a Cordero que la reforma al estatuto no reúne requisitos formales de procedimiento para que pueda considerarse existente, válida o eficaz. Cordero le contestó en otro oficio que si considera inválidos los cambios, los impugne ante el órgano competente.
El 21 de junio, Preciado, coordinador del PAN en el Senado, le escribió a Cordero, presidente de la Mesa Directiva de tal Cámara, que el cambio al estatuto del blanquiazul no surte efectos jurídicos ya que el procedimiento de reforma fue violatorio de las leyes del Congreso y además pidió al exsecretario de Hacienda que se apegue a las disposiciones legales que rigen la vida parlamentaria y no incurra en conflicto de intereses como lo hizo con la publicación del documento modificado.
Argumentó que todos los cambios deben de hacerse a través de las notificaciones de los coordinadores parlamentarios. Cordero le contestó el 24 de junio: “La Mesa Directiva no tiene la facultad de decidir la validez o invalidez de una reforma estatutaria (…) la facultad para negar la validez de una reforma de este tipo corresponde otro órgano. Es por tanto importante que si considera invalida dicha reforma, la impugne ante el órgano competente”.
La mesas de diálogo se rompieron luego de que trascendió que el expresidente Felipe Calderón cenaría en la Torre Mayor con algunos legisladores allegados a él.
fuente: el economista

