El gobierno de Baja California, a través de titulares del gabinete y servidores públicos de segundo y tercer nivel, desvía recursos públicos para favorecer al candidato panista a la gubernatura, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, denunció el PRI.
René Mendívil Acosta, coordinador de la campaña del abanderado priista Fernando Castro Trenti, Nancy Sánchez Arredondo, dirigente estatal del PRI y Héctor Yunes Landa, delegado del CEN, afirmaron que los funcionarios estatales operan políticamente en cada una de las secciones electorales.
Denunció que el gobierno panista de Guadalupe Ozuna Millán desvió diez millones de pesos correspondientes a programas sociales para hacer un “censo de preferencias electorales”.
En ese sentido, sostuvo que ante la falta de respuesta que ha tenido el PRI ante las autoridades estatales, habrán de presentar la denuncia correspondiente en la Procuraduría General de la República, pues se trata de un delito grave que es del fuero federal.
Mendívil Acosta puntualizó que funcionarios que han sido hostigados para que operen electoralmente con recursos públicos a favor del PAN, revelaron la estrategia instrumentada en 2012 y 2013 desde la Secretaría General del gobierno de Baja California.
“Los recursos desviados provinieron de dos fideicomisos, uno de la Secretaría de Desarrollo Económico denominado Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California, y otro de la Secretaría de Desarrollo Social, creados para distintos Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, Empleo Temporal y Programa Normal Estatal, entre otros”, puntualizó.
El coordinador de campaña priista subrayó que desde las secretarías Particular del gobernador y General de Gobierno se creó una estructura territorial a nivel de secciones electorales y casillas, para operar y movilizar a los votantes a favor del PAN el próximo siete de julio.
Mendívil Acosta destacó que la estrategia incluyó la creación de un Comité Técnico de Estrategia Política Electoral, presidido por el gobernador, que determina las dependencias estatales o federales que participan en la operación política.
”Durante este año se nombraron coordinadores municipales y enlaces y jefes de sección por cada distrito electoral local, en su mayoría servidores públicos -a quienes se asignaron padrinos de las distintas dependencias- que operaron programas del gobierno estatal y bajaron recursos”, aseguró.
El coordinador aseveró que el PAN instrumentó un operativo para coaccionar el voto e impedir el libre sufragio de los electores, debido a su desesperación por mantener el poder en Baja California.
“Los ciudadanos rechazan la competencia desleal, aunado a que es evidente el descontento popular por 24 años de malos gobiernos. En el PRI tenemos la firme determinación de defender los derechos de la población para que manifiesten libremente su voluntad en las urnas”, subrayó.
Finalmente, exigió al presidente del PAN, Gustavo Madero, una respuesta congruente sobre los presuntos delitos electorales que se cometen en Baja California, previo a las elecciones del 7 de julio.
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