san lazaro fachadaLos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron con 16 votos favor, cero en contra y una abstención, el dictamen que reforma la Constitución para regular la deuda pública de entidades y municipios, que asciende a más de 400,000 millones de pesos.

Al dar su posicionamiento, los diputados de las siete fracciones parlamentarias se pronunciaron a favor del dictamen y reconocieron que se da un importante paso para regular esta situación, que lastima el desarrollo económico y social tanto de ciudadanos, como de los estados.

El dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia de disciplina financiera de estados y municipios, será presentado ante el pleno del Congreso en el periodo extraordinario que se prevé realizar del 16 al 19 de julio.

Al ser votado en lo general este dictamen y los artículos no reservados, la diputada perredista Julisa Mejía Guardado anunció su abstención al argumentar que la reserva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se relaciona en lo general con este dictamen.

Antes su compañera Amalia García dijo que esa bancada pedía más tiempo para analizar su apoyo a esta legislación que, al igual que diputados de las otras fuerzas políticas, reconoció como un avance significativo para combatir la corrupción y el desvío de recursos.

Al hacer uso de la palabra el legislador Ricardo Mejía Berdeja, del partido Movimiento Ciudadano, anunció su voto a favor de la iniciativa en lo general porque es un paso hacia adelante, aunque consideró que puede avanzar más.

Al señalar que «después de ahogado el niño estamos tapando el pozo», se congratuló de que finalmente se toman «cartas en el asunto» y señaló que el tema de las deudas estatales es quizás hoy uno de los temas más grandes del país, con la inseguridad pública y la situación de la economía en el país.

Recordó que de 2008 a 2012 las deudas de los estados y municipios pasaron de 203,000 millones de pesos a 434,900 millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

«Es decir, en cuatro años se multiplicó el monto de las deudas estatales, lo que habla de una orgía financiera que se vivió en los estados y municipios en la cual no sólo son responsables los estados, sino también los bancos y también la propia SHCP», declaró Mejía.

El diputado de izquierda puntualizó que de esos 434,900 millones de pesos, 266,900 millones son de la banca comercial; casi 90,000 millones, de la banca de desarrollo; 65,000 millones, de emisiones bursátiles; ocho mil millones, de fideicomisos, y cinco mil millones, de otros.

Refirió también que las entidades que presentaron mayor endeudamiento son: el Distrito Federal con 58,000 millones, Nuevo León con 46,000 millones, Veracruz con 40 mil millones, Estado de México con 39,000 millones, Coahuila con 36,000 millones y Jalisco con 26,000 millones.

Abundó que cuando se calcula la deuda per cápita se habla que Coahuila encabeza la deuda per cápita, con 12,800 pesos de deuda por cada habitante.

Ricardo Mejía Berdeja expresó que en esta situación ha habido una gran irresponsabilidad de los gobernadores, quienes han utilizado gran parte de estas deudas para financiar campañas y proyectos electorales, como ocurrió en 2011 y 2010 en Coahuila.

El legislador se refirió a los casos del ex mandatario Humberto Moreira Valdés en Coahuila, y de Andrés Granier Melo, ex gobernador de Tabasco, así como de Quintana Roo y Veracruz.

En su oportunidad el diputado José Antonio González Roldán, del partido Nueva Alianza, aseveró que se trata de una reforma necesaria e indispensable, y llamó a actuar con responsabilidad ante cualquier indicio de endeudamiento, para castigar abusos en el ejercicio del poder.

Dijo que se trata de transparentar al máximo posible la contratación de deuda pública, establecer los requisitos indispensables para acceder a la deuda y dar facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el fin de que se respete la rendición de cuentas para que el gobierno federal otorgue garantías ante la deuda.

Asimismo se prevé la fiscalización directa a los estados cuando accedan a dichas garantías para auditar el destino y la aplicación de los recursos, además de que destacó que con esta reforma se fomenta la responsabilidad con relación a cualquier endeudamiento.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth Zavaleta Salgado se sumó a favor del dictamen y señaló que aunque es un importante avance, se tiene que fortalecer este camino de rendición de cuentas y dar paso a la reforma hacendaria, sobre todo para el tema de la redistribución equitativa y equilibrada de los recursos a los estados.

Damián Cepeda Vidales, del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró que con esta reforma se evitarán situaciones como los casos de Coahuila y Tabasco, porque no merecen los ciudadanos que los gobernantes en turno comprometan su futuro.

La diputada Rocío Adriana Abreu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó el apoyo a este dictamen aunque aclaró no es privativo de una cuestión partidista, ya que se comparte en todas las entidades federativas pues nadie está exento del problema de deuda pública.

Señaló que con esta reforma se tendrán las facultades para que se cumpla la obligación hacia la ciudadanía de dar certeza a un problema de endeudamiento.

fuente: El Economista