A pesar de haber convocado a una audiencia pública en una de las demandas por daño moral que enfrentan los productores de la cinta Presunto Culpable, el poder judicial capitalino ordenó de última hora cerrar sus puertas y desahogar la diligencia a puerta cerrada.
El acuerdo emitido por la juez 17 de lo civil de la Ciudad de México, María del Rosario Mancera Pérez argumentó el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal para desalojar a los periodistas que se encontraban en el recinto judicial a fin de estar presentes en el desarrollo de la audiencia.
El precepto citado por la juez civil advierte que sólo estarán presentes en la audiencia las partes involucradas en el expediente por tratarse de un delito de daño moral.
La determinación de la juzgadora capitalina se originó luego de que Layda Negrete, una de las productoras del documental solicitó que la audiencia fuera presenciada y filmada por los medios de comunicación.
La solicitud fue presentada por escrito a Mancera Pérez, quien se negó a aceptarla.
La productora insistió en su petición minutos antes de que la diligencia iniciara sin que la decisión fuera modificada.
No obstante, cuando algunos periodistas lograron acceder al juzgado, sin cámaras ni micrófonos, la juez radicalizó la orden y desalojó personalmente a los comunicadores.
En estos momentos, la diligencia se lleva a cabo y se prevé el arribo de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por presuntas violaciones al derecho a la información y libertad de expresión.
fuente: NTX
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