Mediante sus resoluciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contribuye a la protección de derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables, aseguró su magistrado presidente Alejandro Luna Ramos.
Sin embargo reconoció que se trata de una tarea que apenas comienza y en la que aún falta un largo y complejo camino por recorrer, como lo demuestra el nivel de vulnerabilidad que padecen las mujeres indígenas, quienes sufren la doble discriminación de género y de etnia.
Al inaugurar el segundo Taller Regional «Los derechos de las mujeres indígenas, una visión de acceso a su ejercicio pleno», destacó que una condición para la defensa de las garantías fundamentales de las personas es su conocimiento.
Que cada mexicano los conozcan, pues los jueces requieren de un «mínimo impulso procesal» para actuar; de ahí la importancia de capacitar a los grupos vulnerables para que conozcan sus derechos y los sepan defender, subrayó.
Luna Ramos expuso que el TEPJF, como máxima autoridad en la materia, tiene el compromiso de ocuparse en difundir la cultura democrática a través de todos los medios a su alcance que coadyuvan a formar la base para que los ciudadanos conozcan sus derechos y exigir de las instituciones el respeto a su ejercicio pleno y efectivo.
Señaló que estas acciones, como el foro que inauguró, constituyen un puente para acercar cada vez más a un mayor sector de la población, y que los ciudadanos obtengan un acceso real y efectivo a la justicia electoral.
Afortunadamente se vive en una época en que el Estado ha reconocido las situaciones de desequilibrio, «y por ello es que ahora la ciudadanía puede exigirle a todos sus órganos, especialmente a los de índole jurisdiccional, que garanticen el respeto a sus derechos fundamentales», indicó.
El magistrado también hizo notar que el acceso a la justicia a los grupos vulnerables requiere el apoyo de la sociedad para que cada uno desde su trinchera, sume esfuerzos de manera inteligente y coordinada para alcanzar la meta común.
En este sentido agradeció la colaboración de diversos órganos del Estado, en especial de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se ha dado la tarea de capacitar a la población para obtener información y exigir uno de los reclamos más apremiantes: el acceso a la justicia.
La información es un gran poder y hay que utilizarla como una vía para evitar que se vulneren los derechos fundamentales, y así lograr que todas las personas que se encuentran en situación de desventaja puedan acceder efectivamente a la justicia, puntualizó.
fuente: NTX
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