La constante violación y transgresión de los derechos humanos de los
migrantes en México se deriva de un “serio problema institucional”
en el
que la actuación del Instituto Nacional de Migración y de la Policía
Federal es, en muchos casos, ilegal.
Así lo expresó la senadora panista Gabriela Cuevas Barron, quien
señaló que
ese sector de la población sufre de prácticas de “racismo,
intolerancia,
discriminación y abusos por parte de autoridades corruptas”.
En este sentido, hizo notar la necesidad de realizar una revisión
minuciosa
del marco legal, con el objetivo de corregir aquellas disposiciones que
así
lo requieran.
Además, subrayó la urgencia de verificar la confiablidad de todos los
funcionarios migratorios, ya que para garantizar los derechos de los
migrantes es indispensable contar con autoridades honestas, responsables
y
comprometidas con la misión de su institución.
Recordó que hace unas semanas se dio a conocer que agentes del INM
adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solicitaban
ilegalmente dinero a aquellos turistas que extraviaban sus formas
migratorias, con el pretexto de reponérselas con el sello oficial
correspondiente.
También, agregó, se denunció que la policía municipal de Huehuetoca,
en el
Estado de México y agentes de la Policía Federal y del INM detuvieron,
dentro del comedor de una organización de la sociedad civil, a siete
migrantes.
No obstante –precisó– que la Ley de Migración indica que no se pueden
realizar visitas de verificación en los albergues que brindan ayuda a
los
migrantes.
“Estos casos lejos de ser hechos aislados son síntomas de un serio
problema
institucional de varios años, pues de 2006 a 2012 la Secretaría de la
Función Pública detectó en promedio 12 casos por mes de funcionarios
del
INM que cometieron diversas irregularidades”, apuntó.
Por ello, mediante un punto de acuerdo, propuso que la Comisión
Permanente
solicite a la Secretaría de Gobernación un informe de las
investigaciones
realizadas durante los últimos 10 meses por denuncias o quejas
presentadas
por extranjeros en contra de agentes migratorios y elementos de la
Policía
Federal.
Asimismo, para que explique los avances que se han alcanzado en la
aplicación de los controles de confianza a los integrantes del INM.
La legisladora también consideró necesario que la Comisión Nacional de
los
Derechos Humanos envíe un reporte sobre las indagatorias que ha iniciado
por la violación de las garantías de los migrantes cometidas por
autoridades del INM y de la Policía Federal durante los últimos 10
meses.
Cuevas Barron refirió que Amnistía Internacional ha señalado que la
mayoría
de las violaciones de derechos humanos contra migrantes ocurren durante
operaciones autorizadas y que son llevadas a cabo por el INM.
Asimismo, expresó que de 2006 a 2012 la Segob dio de baja a casi 500
agentes migratorios por reprobar las evaluaciones de control de
confianza,
así como por diversas denuncias de abuso de autoridad, enriquecimiento
ilícito y vínculos con organizaciones criminales.
Destacó que al término de la pasada administración federal se logró
aplicar
la evaluación de control de confianza al 60 por ciento del personal del
INM, “por lo que faltan evaluarse 4 de cada diez integrantes sin que a
la
fecha se sepa con certeza el avance que ha tenido en los últimos
meses”.
“Lamentablemente hoy en día nos enteramos con frecuencia de los abusos
y
las prácticas deleznables que todavía cometen algunas autoridades y
funcionarios que carecen de honestidad, pues actúan al margen de sus
obligaciones legales y detienen a migrantes para obtener algún beneficio
personal”, enfatizó.
CCO Noticias "Corporación Comunicativa Ojeda" 