senado 3Una vez concluida la etapa de audiencias públicas y mesas de trabajo con especialistas en la materia, la Comisión de Justicia del Senado de la República elabora el dictamen del Código de Procedimientos Penales Único, el que estará apegado a los principios del nuevo sistema de justicia penal, respetuoso del debido proceso y de los derechos de las víctimas del delito, así como de los imputados, señaló la Senadora priista Arely Gómez González.

Al participar en el Foro “Hacia la Codificación Procesal Penal única en México… Ventajas, desafíos y Retos”, que se realizó este viernes en León, Guanajuato, la legisladora priista expuso los alcances de la reforma al artículo 73 de la Constitución, fracción XXI y que actualmente se discute en las Legislaturas de los estados.

Ante ministerios públicos, jueces, magistrados, abogados litigantes y público en general, la secretaria de la Comisión de Justicia afirmó que el Código de Procedimientos Penales Único evitará la desigualdad y criterios diferenciados en la forma de juzgar a las personas, que actualmente existe entre las distintas entidades. Recordó que actualmente existen 32 códigos diferentes, uno por cada estado de la República y el Distrito Federal, además de un ordenamiento federal, lo cual dificulta la coordinación entre autoridades y motiva criterios de interpretación, en ocasiones contradictorios.

“El Código de Procedimientos Penales Único, en el que actualmente trabajamos en el Senado, pretende evitar la desigualdad en la manera de juzgar a las personas por el solo hecho de residir en distintas entidades federativas, y busca favorecer la protección al respeto de los derechos humanos, al establecer en un solo documento las disposiciones del proceso penal”, indicó.

Además de la legislación procesal única, Arely Gómez González consideró indispensable la armonización de otras leyes secundarias con los principios del sistema de justicia penal, implementado a partir de junio de 2008. Entre ellas, la legislación en materia de delincuencia organizada, amparo, mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como leyes orgánicas, como la relativa a la Procuraduría General de la República (PGR).